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Williams Bascopé Laruta

Ley sancionará a ciudadanos y fiscalizará a redes sociales

• Carlos Mesa dijo que el Gobierno está desarrollando una estrategia “perversa” que busca apropiarse de las reglas constitucionales

 

La propuesta del presidente Evo Morales sobre una “ley contra la mentira” vulnerará la Constitución Política del Estado (CPE) y está dirigida para sancionar a la población y fiscalizar el uso de las redes sociales, advirtió el abogado constitucionalista William Bascopé.

“La ley contra la mentira es anticonstitucional porque pretende acallar a la población. Esto es algo que no podemos dejar pasar de lado porque va en contra de la libertad de expresión y opinión de todos los ciudadanos. No puede ser que el Presidente este hablando irracionalidades”, sostuvo el abogado.

Aunque la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) aún no debatió un proyecto de ley de estas características, algunos de sus integrantes advierten que la difusión de información falsa por las redes sociales debe ser sancionada. Este punto podría estar contemplado en esa norma.

El expresidente Carlos Mesa también llegó a la misma conclusión, la ley contra la mentira implica la restricción de derechos constitucionales y remarcó que es con los instrumentos de la democracia que se vence a la mentira.

“Para combatir el emponzoñamiento, la democracia es el arma más poderosa para la libertad, la paz y la justicia, la que el pueblo soberano se da a sí mismo, no la que ha sido envilecida por el poder arbitrario. Sí, es con los instrumentos de la democracia que se vence a la mentira, aunque a veces parezca que es una tarea imposible. La única tarea imposible es la de la resignación”, sostuvo Mesa.

BASE NORMATIVA

Los numerales 5 y 6 del artículo 21 y el 106 de la Constitución Política del Estado garantizan a la población expresar y difundir de forma libre sus opiniones. A la vez de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla de manera individual o colectiva.

Bascopé advirtió que no es necesaria esta nueva normativa, ya que el Código Penal actual sanciona la mentira pero en sus tipificaciones de calumnia y difamación, dijo que llevar adelante esta propuesta es “atropellar una libertad tan extensa en el tema de expresión, opinión y de pensamiento de los ciudadanos”.

RECHAZO

El presidente Evo Morales indicó que esta norma también podría sancionar a los medios de comunicación. Ante esto, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), mediante un comunicado, indicó que no permitirá la aplicación de normativas que afecten a la Ley de Imprenta.

“Los Trabajadores de la Prensa no van a permitir ninguna normativa que afecte o pretenda la modificación de la Ley de Imprenta. (…) los trabajadores de la prensa de Bolivia defenderemos la libertad de expresión, prensa y de información”, detalla parte del documento.

OFICIALISMO

La senadora del MAS Adriana Salvatierra dijo que es necesario modificar la Ley de Imprenta ya que no contempla sanciones contra la difusión de información falsa en las redes sociales.

Su colega Gonzalo Aguilar aseguró que las redes sociales son espacios donde se incurre de forma masiva en la mentira, ya que se publican noticias con datos malintencionados para dañar la imagen del país y del partido oficialista. Dijo que el problema son los políticos que usan el anonimato para afectar la imagen del Presidente.

“La mentira está en las redes sociales, que son masivas en esta época que tenemos gracias al WhatsApp, Facebook, y ahora se escudan en el anonimato para incurrir en la mentira ciertas personas, no son todas, ciertos políticos”, manifestó el legislador miembro de la Comisión de Ética.

LEY DISFRAZADA

Mesa lamentó que el Gobierno esté desarrollando una estrategia “perversa” que busca apropiarse de las reglas constitucionales. “Desde el poder se arma un nuevo andamiaje, una estructura totalitaria torpemente disfrazada. La secuencia es muy obvia, pero funciona mejor de lo que esperaríamos”, indicó.

Por su parte, Bascopé manifestó que esta norma es parecida a la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que impulsó el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y fue puesta en vigencia desde noviembre del 2017. La ley establece responsabilidades penales por promover el odio y difundir mensajes que estimulan la confrontación y la guerra.

 
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