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Vehículos sin placas reciben combustible en provincias

Elio Pacheco Colque

 

No sólo en las ciudades de La Paz y El Alto, sino en las de otros departamentos del país, el control a los motorizados es continuo, por lo que los propietarios deben demostrar no solamente que tienen placas de control sus vehículos, sino mostrar una serie de registros, tanto a la instancia municipal como a la policial, pero al parecer la regla no es igual en otras regiones.

Al respecto, es suficiente hacer un viaje a las diferentes provincias del departamento de La Paz, en especial en Nor y Sud Yungas, donde pareciera que son diferentes las normas instauradas por las alcaldías, surtidores y diferentes instancias locales. En Caranavi, Coroico, Chulumani y Sorata, entre otras poblaciones rurales, la existencia de vehículos indocumentados es una constante.

Vagonetas, camionetas, minibuses, autos de diferentes modelos y marcas circulan y trabajan como transporte público, sin alguna restricción. Reciben combustible de los surtidores y hasta tienen su propia organización sindical que los aglutina, además nadie les exige placas de control, derecho propietario, registro de internación, entre otros.

Es en estos espacios donde se camufla el resultado de algún robo de vehículos, por parte de las organizaciones criminales, que una vez cometido el delito en los espacios urbanos, alteran todos los registros del motorizado, como número de chasis, motor, entre otros, para luego venderlo como motorizado indocumentado o “chuto”, en las provincias, donde las autoridades locales y comunales no exigen la legalidad de ese bien adquirido.

De acuerdo con datos se establece que en el año 2017 la cantidad de robos de vehículos a nivel nacional llegó a 965, de motocicletas 2.033, accesorios 543 y la sustracción de placas de control llegó a 4.578.

Por lo que si los esfuerzos realizados por alguna instancia de control fueran apoyados por las autoridades locales, comunales, de las diferentes provincias, muy posiblemente no se daría la posibilidad para que la ilegalidad, la comisión del delito y el engaño sean aceptados. Y es que cientos de vehículos por los que no se paga tributos no están registrados y carecen de legalidad, pero siguen circulando impunes en las calles de las provincias de los departamentos del país.

Mientras eso no sea posible, campañas de socialización, stickers de control en surtidores, operativos, todo será en vano, porque en las provincias otros suplen la autoridad y definen sus propias normas bajo la idea de “tradición”.

 
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