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“Felicitaciones” a los que premiaron a Quiborax

Javier López Soria

 

Muy rara vez un grupo de empleados del Gobierno, de la Procuraduría General del Estado Plurinacional, fueron tan esforzados en la búsqueda de datos, leyes, memorándums y toda la gama de documentos para que la empresa chilena Non Metallic Minerals Quiborax obtenga millones de dólares para su beneficio. No se encuentra una repuesta que explique cómo se esmeraron tanto para favorecer a dicha empresa, que en principio pretendía tres millones de dólares como pago por indemnización ante la nacionalización, que determinó el Gobierno de Carlos Mesa, de esta empresa chilena que estaba extrayendo sales del Salar de Uyuni.

Pero por alguna razón las autoridades actuales no aceptaron dicho pago que pretendía dicha empresa y, más bien, el personal de gobierno aparentemente decidió encontrar, no sin trabajo, variados documentos y notas que favorecieran a dicha empresa, lo que determinó que, en una segunda instancia, la indemnización subiera a 23 millones de dólares. Y parece que no contentos, siguieron encontrando documentos que aparentemente interpretan a su gusto y sabor, para que la indemnización suba a 42 millones de dólares.

Es seguro que la empresa chilena Quiborax recibió tantos millones del erario nacional con algarabía y con grandes muestras de agradecimiento al equipo de profesionales del gobierno plurinacional que la favoreció. Buscando con tanto esmero documento que mostrara que el Gobierno de la República de Bolivia, representado por Carlos D. Mesa, hubiera actuado de “mala fe” en la nacionalización de Quiborax.

Entre las muchas fallas que el grupo gubernamental atribuye, está que no encontró el estudio de Impacto Ambiental, al respecto quisiera saber si las empresas mineras y cooperativas mineras que trabajan en el país cumplen con este requisito.

El costo de esta operación tampoco se reduce a la indemnización a Quiborax, el gobierno a través del arbitraje asumido por la Procuraduría del Estado tuvo un costo de cuatro millones de dólares y un costo adicional de 450 mil dólares por los honorarios por un fallido proceso, aspecto expresado por Pablo Menacho, Procurador del Estado Plurinacional.

Considero que el Gobierno actual debe hacer un esfuerzo grande para encontrar a los verdaderos culpables. Si no lo hace, con seguridad que los gobiernos por venir sabrán castigar esta traición a la patria.

 
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