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Energías renovables participativas como fuente de inclusión

Carlos Trias

La Directiva 2009/28/CE, sobre las fuentes de energía renovables de la Unión Europea, reconoce la oportunidad de generar desarrollo local (empleo y cohesión socio-comunitaria) mediante la producción descentralizada de energía, y anima a los Estados miembros a facilitar al ciudadano su contribución a la producción de energías renovables.

Desgraciadamente, esa transición energética hacia una sociedad más inclusiva y sostenible, que ayude a superar la pobreza energética y apueste por energías limpias, no ha sido respaldada de forma efectiva por una buena parte de nuestros gobiernos, que han optado por las subastas para la producción de renovables, en claro beneficio de la producción centralizada, es decir, a favor de las grandes compañías eléctricas.

De acuerdo con el recién publicado estudio del Comité Económico y Social Europeo “Cambiar el futuro de la Energía. La Sociedad Civil como agente principal de la generación de energía renovable”, no es de recibo limitar el empoderamiento de ciudadanos, agricultores, cooperativas, pymes, comunidades locales y ONG; por el contrario, es preciso generar marcos normativos adecuados y estructuras de apoyo bien orquestadas.

En cuanto a las medidas más significativas, el informe insiste en la necesidad de reducir trámites burocráticos, tiempos de espera para la conexión a la red eléctrica, crear una ventanilla única para asesorar a los pequeños inversores, prioridad de suministro a la red frente a la electricidad producida a partir de materias primas fósiles, un sistema de tarifas reguladas, acceso a la financiación, ayudas mediante los fondos estructurales y de cohesión, etc.

Además, si realmente queremos que la sociedad recupere la confianza en sus gobiernos e instituciones habrá que facilitar un debate público y transparente sobre los costes y el precio de la energía, con participación de todas las partes interesadas. Como punto de partida se habrá de reconocer las externalidades que genera la producción eléctrica, muy limitadas para las energías renovables, muy cuantiosas para las energías convencionales, que transfieren elevados costes sanitarios y medioambientales y es, por tanto, nuestro deber cuantificarlos y que sean repercutidos a los productores de energía que corresponda.

El autor es Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios.

 
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