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[Armando Mariaca]

El gobierno, si quiere, cumplirá buenos deseos


 

Las celebraciones de fin de año -Navidad y Año Nuevo- han sido motivo para la formulación de buenos deseos y sanas intenciones por parte de toda la comunidad nacional; pero, en sumo grado, por parte del gobierno que ha expresado deseos e intenciones de hacer del nuevo año (2018) un tiempo constructivo, de vigencia democrática y goce pleno de las libertades y las leyes; promesas que el pueblo las ha captado con la esperanza de que los hechos muestren sinceridad en los propósitos y honestidad en su cumplimiento.

Vivimos tiempos difíciles porque la crisis económica tardará en superarse, los proyectos para nuevas inversiones nacionales y la posibilidad de contar con inversiones financieras, tecnológicas y humanas foráneas, han resultado simples esperanzas porque los propósitos formulados no siempre se han cumplido y se espera que efectivamente haya garantías jurídicas que darían lugar a inversiones que coadyuven a conseguir un desarrollo y un inicio de luchar decididamente contra la pobreza.

Todo lo formulado como deseos e intenciones seguramente que el gobierno ve por conveniente hacer realidad porque busca confianza del pueblo con miras al proceso electoral del próximo año que depende de la voluntad que demuestren los electores para elegir a quienes desean que gobiernen el país y encaren decidida y decisivamente la solución de tantos problemas que, como un lastre, se arrastra desde hace mucho tiempo.

El pueblo, dadas las experiencias vividas con muchos gobiernos con promesas e intenciones formuladas y no cumplidas, lo ve y espera todo con cautela y prudencia, con algún optimismo y con la esperanza de que no todo quede en los amplios campos del populismo y la demagogia que todo promete y se propone, pero nada cumple, así sea hasta por beneficio partidario y por recobrar confianza y gobernar con relativa tranquilidad y apoyo.

Mucho se espera por lo mucho que se dice; hay expectativas sobre cómo resultará el presente año teniendo en cuenta el cúmulo de problemas que requieren soluciones; es serio el criterio de que muchas veces a nivel partidario se puede decir todo y cumplir poco, expresar propósitos y desestimarlos porque no hay condiciones para cumplir; hay experiencias sobre la influencia de áulicos que, por sus intereses creados, incitan al gobierno a acciones que, en sus consecuencias, dañan a la colectividad; mucho se cree en que habrán efectivamente cambios de conducta en la conducción del gobierno, pero hay incredulidad en la población que siente y duda de simples promesas.

Rememorar lo ocurrido en doce años resultaría vano; pero, el paso de ese tiempo debe aportar las experiencias sufridas por los yerros y políticas equivocadas, por promesas incumplidas y por hechos discordantes con los derechos humanos que han lastimado al país y han causado desprestigio del gobierno no sólo nacional sino internacionalmente. Doce años en que se privó de libertad a muchos bolivianos, doce años en que se administró mal la justicia, tan mal que hay presos sin sentencia alguna y, lo grave, sin que hayan cometido falta o delito alguno.

El gobierno, si quiere, puede cambiarlo todo en aras de su propia seguridad y vigencia; puede hacerlo porque de ello depende que pase a la historia sin la carga conciencial de sólo lo mal hecho y, pudiendo, no cambió rumbos en pro del bien común. Las buenas intenciones y mejores deseos pueden ser realidad si el gobierno y su partido cumplen y respetan lo que deben hacer: Cumplir y respetar la Constitución Política del Estado y las leyes; observar conductas de austeridad en los gastos; suspender nuevos préstamos de dinero y gastar lo que las posibilidades del país permitan; evitar conductas de corrupción que tanto daño han hecho al Estado y al propio gobierno; impulsar la producción pública y privada; evitar la construcción de obras faraónicas e innecesarias; construir hospitales y aumentar sustancialmente los presupuestos de salud y educación; cancelar la persecución a ciudadanos que no sienten ni piensan como el gobierno y respetar su dignidad y libertad de expresión; mantener conductas transparentes en las relaciones institucionales y no conculcar derechos ni de la oposición ni de institución u organización alguna; administrar haciendo gestión en el gobierno con honestidad y responsabilidad; respetar los resultados del Referendum del 21 de febrero de 2016 en que el pueblo expresó su voluntad; respetar lo expresado en los comicios del 3 de diciembre de 2017. Anular el texto del nuevo Código Penal porque la mayoría del pueblo y entidades institucionales del país lo consideran atentatorio contra los derechos humanos; finalmente, cumplir con el principio de que fueron elegidas autoridades para servir al país y no servirse de él.

Si el gobierno quiere, puede cumplir lo que el país requiere; si no hay voluntad ni capacidad para hacerlo, entender a conciencia que ese incumplimiento sería negativo para él mismo y, además, implicaría abrir un camino cierto a la dictadura y hasta a la tiranía con peligro de enfrentamientos y extremos que Dios no permita.

 
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