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Leyes a cambio de vidas

Agenda global y su influencia contra la discriminación, violencia y feminicidio



EL MOVIMIENTO NI UNA MENOS ES EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA INFLUENCIA GLOBAL EN LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER QUE PASÓ DEL MARCO SOCIAL A LA CONFRONTACIÓN IDEOLÓGICA.

Carlos Quisbert / Iván R. Rada.- La agenda globalista iniciada en las convenciones de Naciones Unidas ha promovido la eliminación de las formas de discriminación y violencia contra la mujer desde los años 40, con el establecimiento de la Comisión del Estatus de la Mujer o también conocida como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Desde entonces, se pueden identificar tres etapas en las políticas de género y la lucha contra la violencia a la mujer que han influido en las acciones asumidas en Bolivia.

LENGUAJE INCLUSIVO
VOTO UNIVERSAL

Para la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, las 15 naciones integrantes de esa Comisión lograron insertar el llamado “lenguaje inclusivo”, para que se hable de la humanidad y no solo de los hombres.

El reconocimiento de los derechos políticos plenos, antes cortados o limitados, tuvo repercusión en países como Bolivia con la declaración del voto universal en el gobierno de la Revolución Nacional de 1952. El presidente Víctor Paz Estenssoro implementó el voto universal para dar ese derecho a indígenas, analfabetos y mujeres. Con esa modificación, el 21 de julio de ese año, el padrón electoral del país se incrementó de 205 mil votantes a 1,1 millones de ciudadanos.

Ese hito nacional era tan solo posterior a la reforma argentina de sufragio femenino impulsada por el peronismo en 1947 y anterior a lo que pasó en México, donde la mujer recién pudo ejercer su derecho al voto en la elección federal en 1955.

Bolivia seguía por vez primera el lineamiento global de una nueva sociedad post bélica que había notado el rol de las mujeres más allá de las labores del hogar.

Esa corriente global se repitió en gran parte de la región durante las siguientes décadas dando los primeros pasos para el llamado “empoderamiento” femenino en la política.

EN 2016 LA CEPAL TERMINÓ REGISTRÓ DATOS DE 23 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE QUE INCLUYERON EL FEMICIDIO/FEMINICIDIO EN SUS LEGISLACIONES, EL INFORME REVELA LA ALARMANTE CIFRA DE 1.998 FEMINICIDIOS EN TODA LA REGIÓN.

ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

Para los años 60 del siglo XX, en plena revolución sexual, el contexto histórico apuntaló las bases para las primeras manifestaciones que involucraron a los llamados estados parte que firmaron la primera Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1967 con 11 artículos.

La agenda globalista coincide con la segunda ola feminista, inspirada en la escritora francesa Simone de Beauvoir, quien interpelaba el rol históricamente asignado a las mujeres en la sociedad y la familia.

Con esas bases, Naciones Unidas promueve para la siguiente década una convención que defina las bases para la lucha contra la discriminación en razón de género.

Esa década resulta importante en el empoderamiento femenino que comienza a reclamar por sus derechos sexuales y reproductivos. En Estados Unidos, la administración de John F. Kennedy abre una oficina referida al estatus de la mujer y se publica el libro Mística de la Feminidad de Betty Friedan, fundadora de la Organización Nacional para Mujeres que, entre otras obras posmodernas, sustentaría a la tercera ola feminista.

LAS HERMANAS MINERVA, PATRIA Y MARÍA TERESA MIRABAL, SECUESTRADAS, VEJADAS Y ASESINADAS DURANTE LA DICTADURA DE RAFAEL LEÓNIDAS TRUJILLO EN REPÚBLICA DOMINICANA.

HERMANAS MIRABAL

Paralelamente, la década de los 60 resultó violenta para las mujeres.

En República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 se producía el asesinato de las tres hermanas Mirabal, un caso que quedaría marcado en la historia de los movimientos feministas y que serviría para organizar el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1981 donde se declaró aquella fatídica fecha como el “Día de la no violencia contra la mujer”.

NOMBRAN EL ASESINATO POR MOTIVOS DE GÉNERO

“El carácter sangriento de esa década derivó en la búsqueda de un nombre o término que identifique el patrón reiterado en cada caso de asesinato de una mujer, así se acuñó el término que ahora es parte de una lucha política, El mismo fue lanzado por Diana Russell en 1976 ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres desarrollado en Bruselas y que contó con la presencia de 2.000 mujeres.

La psicóloga sudafricana definiría que el “femicide” consiste en el “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer”.

12 años después, el 18 de diciembre de 1979, en la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” se complementó el concepto que había quedado pendiente y ambiguo en su aplicación en la declaración de 1967.

A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”, cita el primer artículo.

DIANA RUSSELL, LA PSICÓLOGA SUDAFRICANA NACIDA EN 1938, ACUÑÓ EL TÉRMINO FEMICIDIO EN 1976. LA DERIVACIÓN, FEMINICIDIO HOY TIENE, ADEMÁS, UNA CARGA POLÍTICA.

La convención desarrolló 30 artículos en los que destaca la solicitud para que los estados firmantes apliquen políticas para eliminar esas formas de discriminación y ayudar al criterio de equidad en razón de género. Los ámbitos de alcance establecen áreas como la política, la educación, planificación familiar, atención en salud e igualdad jurídica.

Asimismo, se crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que fue ampliando su incidencia en cada país mediante los llamados programas sociales de cooperación canalizados por Organizaciones No Gubernamentales.

Retomando el antecedente de 1960, NNUU emitió la Declaración sobre la Eliminación de la violencia Contra la Mujer en 1993, aportando la definición de “violencia de género” como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

ACCIÓN POLÍTICA EN BOLIVIA

Para 1999, NNUU designaba al 25 de noviembre, como el “Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer” invocando a los estados a desarrollar actividades de sensibilización, pero también a cumplir con políticas públicas y privadas para eliminar la violencia de género en base a la declaración de 1993.

Es en ese contexto que en el gobierno de Jaime Paz Zamora, Bolivia aplica a su ordenamiento jurídico los términos de la Convención y las declaraciones internacionales.

Paz Zamora ratificó la normativa internacional de Naciones Unidas mediante decreto ley del 15 de septiembre de 1989. Tuvieron que pasar diez años para que Bolivia asuma el lineamiento global.

“Apruébase en todos sus términos el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, acordado en el Trigésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en diciembre de 1979, de acuerdo con el artículo 59, inciso 12 de la CPE”.

Si bien la Convención de 1979 ya había sido firmada por la mayoría de los países miembros de NNUU, no fue hasta entrado el siglo XXI que se establecieron los mecanismos sancionatorios para eliminar la discriminación contra las mujeres.

PROTOCOLO

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue adoptado el 6 de octubre de 1999 y vigente el 22 de diciembre de 2000, mediante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que solicitaba a los países abrogar y eliminar cualquier norma que vaya contra los derechos femeninos.

El protocolo abría la posibilidad de que individuos o entidades planteen denuncias contra sus estados.

Aquello provocó algunas controversias con países como Colombia o México que debatieron la aplicación de la Convención y su protocolo con sus respectivas normativas internas.

Paralelamente, en la década de los 90, surgía en la Universidad Estatal de Douglass de Nueva Jersey el Centro para el Liderazgo Global de la Mujeres (Centro Global) que tomó el 25 de noviembre para promover la campaña internacional “16 días de activismo contra la violencia de género” que es apoyada por NNUU desde 2008.

Como aquella, muchas Organizaciones No Gubernamentales progresistas nacidas en EEUU y Europa han diseminado su influencia con financiamiento, programas de apoyo y campañas ideológicas sobre todo en la década de los 90 y principios de los años 2000.

Con la llegada al poder de las corrientes progresistas en América Latina y el Caribe en los primeros lustros del siglo XXI se genera un lineamiento para definir no solo políticas para combatir la violencia en razón de género sino tipificar el asesinato de mujeres como “femicidio” o “feminicidio”.

LA REGULACIÓN DEL DELITO DEL FEMICIDIO/FEMINICIDIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

16 PAÍSES ASUMEN LA LEGISLACIÓN

La diferenciación para hablar de asesinato contra mujeres “por su sola condición femenina” se argumentó en NNUU con el dato estadístico de que 5 de cada 10 mujeres eran victimadas de sus parejas varones, mientras la relación inversa era de 1 por cada 20 casos.

A partir de 2008 nueve países incluyeron el femicidio / feminicidio en sus legislaciones. En 2016 eran 16 países y con ello la CEPAL terminó esa gestión registrando datos de 23 naciones de América Latina y El Caribe que arroja la alarmante cifra de 1.998 feminicidios en toda la región.

Para 2014, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos concluyeron el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), siendo Brasil el primer país en apoyarse en esa norma en 2015.

HANALI HUAYCHO

Bolivia entró en las reformas penales del feminicidio mediante la Ley 348 del 9 de marzo de 2013. El detonante fue el asesinato de la periodista Hanali Huaycho Hannover la noche del 11 de febrero de 2013 a manos de su pareja, el teniente de policía y miembro de la desarticulada Utarc, Jorge Clavijo.

El asesino tenía al menos 14 antecedentes de agresión a la periodista desde 2007, pero las denuncias no fueron atendidas en la Policía. Esa fatídica noche, en una vivienda de la ciudad de El Alto, Clavijo asestó 13 puñaladas a la joven mujer de 36 años quien murió desangrada antes de pasar por tres hospitales. El caso provocó la indignación ciudadana y la aceleración del proyecto en la Asamblea Legislativa donde el proyecto de ley había permanecido de escritorio en escritorio en un proceso de constantes correcciones y complementaciones.

La “Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348” cumplió con el diseño de NNUU, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las declaraciones internacionales para dar un “carácter holístico” a sus políticas públicas a fin de erradicar la violencia de género.

Con las etapas señaladas, Naciones Unidas aprobó con 150 países la Agenda 2030 durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015. El Objetivo 5 de ese plan global se refiere a “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

A eso se le suma la campaña del Secretariado General de Naciones Unidas - “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Ese el siguiente paso.

Esta investigación se realizó en el marco del Fondo Spotligth III de Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsó la Fundación Para el Periodismo (FPP) con el apoyo del European Journalism Centre.

 
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