[Ramiro H. Loza]

Necesaria institucionalidad de las organizaciones políticas


 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuncia que este mes de agosto se hará entrega de la nueva Ley de Organizaciones Políticas (ya no de Partidos Políticos), proximidad que nos impele a plantear algunos puntos de vista dirigidos a dotar a estas organizaciones o partidos de una estructura interna de institucionalidad. En consecuencia, paso a ofrecerles reelaborado un anterior artículo publicado.

Al interior de la variopinta participación de organismos convocados por TSE, resaltan por su número los pueblos indígenas, al parecer con ausencia de los partidos, supuestamente por la falta de aportes de su parte. La representación indígena exige la ampliación de sus representantes en Diputados, actualmente 7, designados en sus comunidades mediante “usos y costumbres”, además de plantear que el Estado los financie y se niegue esta asistencia a los partidos. Hablando del tema económico, desde mayo pasado cuando se conocieron las primeras informaciones acerca del proyecto de ley, salta a luz la importancia que preferentemente se otorga al tema financiero -casi en exclusividad- revelando la ausencia o simple mención del resto de componentes de la verdadera problemática en cuestión.

En este sentido, abunda la discusión sobre los tipos posibles de financiación o los suplementos de ésta, considerando que a los partidos les fue suprimida por una ley de 2008. El tema ahora se trata bajo los grandes parámetros de financiamiento público y privado o mixto. La modalidad pública está dividida por aportes en metálico o por insumos aprovechables, desde el acceso gratuito a medios de comunicación estatales y privados, los incentivos de divulgación política, hasta el uso de bienes públicos para actividades propias del evento. Nadie conoce la opinión de los partidos al respecto, como hemos adelantado.

Por otra parte, el proyecto de ley otorga mayor atención a aspectos administrativos de las formaciones políticas, como su registro, número de militantes, actualización del mismo y otros semejantes. La contratación de consultores -infaltables en los entes públicos- no deja percibir orientaciones de valía ni condignas.

En cambio creemos fundamental y sustantivo abordar el ámbito de la institucionalidad interna de estas organizaciones. Al efecto, es prioritario dar normas dirigidas a promover la dotación de estatutos partidistas. Su contenido se hace necesariamente amplio, sin embargo por limitaciones de espacio circunscribimos nuestras sugerencias a lo siguiente:

1. Realización de convenciones o congresos internos cada dos años tanto a nivel nacional y departamental.

2. Votación individual y secreta sobre programática y propuestas importantes en los congresos.

3. Creación y puesta en funciones de órganos de control para supervisar: a) el ejercicio participativo interno, y b) la correcta fiscalización de la implementación estatutaria y del manejo financiero. Las organizaciones políticas deben propender a crear un patrimonio propio y estable que contribuya a su independencia.

4. Los congresos deben conformarse mediante representación proporcional al número de militantes, previendo que las llamadas células no actúen en función de intereses de grupo, si bien la organización celular debe ser claramente reglamentada.

5. Limitación de la dirigencia en tiempo y en cuanto a sus atribuciones. Su aplicación es, asimismo, una previsión dirigida al destierro del caudillismo en el ámbito general de la política del país.

6. Realización de elecciones primarias en orden a democratizar la elección de candidatos en los distintos niveles, observando el principio de la alternabilidad. La reelección debe ser contemplada prudentemente en el Estatuto.

7. Auditorías periódicas para la correcta administración de recursos, a través del funcionamiento estable del respectivo organismo interno. Por su naturaleza esta medida supone un alto proceso de identificación ética de la membresía partidista. La política sin ética se desvirtúa y se envilece.

La resistencia del TSE al financiamiento estatal a los partidos políticos del llano -en el fondo procedente del Gobierno- responde claramente a debilitarlos electoralmente.

 
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