[Armando Mariaca]

Justicia, bien supremo que debe renovarse con alta moral


 

Con miras a renovar la composición del Poder Judicial, hay movimientos inusitados en el gobierno y, como es lógico, en esferas de la oposición y de instituciones que tienen que ver con la administración de justicia que debe ser dar a quien lo que le corresponde y, es además conjunto de todas las virtudes en la vida del ser humano. Todo indica que se pretende repetir lo ocurrido en octubre de 2011, en que se llevó a cabo una elección de jueces que resultó un resonante fracaso y mostró que elegir jueces y autoridades judiciales mediante el voto ciudadano no es conveniente y, por el contrario, es contraproducente.

El gobierno, conjuntamente la colectividad ha condenado el fracaso de la administración de justicia en el país luego de las elecciones de 2011 porque, así se diga lo contrario, esos resultados fueron “obra y gracia” de quienes utilizaron la manida costumbre de “elegir a dedo”; en otras palabras, hacerlo conforme a criterios y conveniencias del partido de gobierno que busca, empezando por el desconocimiento del NO del Referéndum de febrero de 2016 que niega - categórica, terminante y definitivamente- que el actual Presidente de la República se postule nuevamente en futuras elecciones y, además, porque muchas de las autoridades judiciales nombradas no respondían a criterios de derecho y moral, a principios que permitan confiar en sus integrantes, que, desde todo punto de vista, que al parecer eran obsecuentes servidores del régimen imperante y, además, muchos de ellos repetidores de los vicios de corrupción de un poder que ha sido manejado en obediencia a intereses subalternos y sujetos a conveniencias político-partidistas.

Es preciso que se entienda que el Poder Judicial que es administración de la justicia conforme a cánones del Derecho no debe ser dependencia del gobierno de turno; no debe ser manipulado, controlado, dirigido y ser sometido a cambios conforme a intereses creados o personales de quienes tienen poder. El Poder Judicial se entiende que es administrador, rector honesto y responsable de la justicia o del sistema legal, y sus integrantes no pueden ser corruptibles ante las incitativas de quienes tienen poder y que buscan servicios incondicionales. Los poderes Judicial, Ejecutivo, Legislativo y Electoral deben ceñir sus actos a los cánones de las leyes civiles y morales; consecuentemente, será preciso modificar algunos artículos de la Carta Magna para elegir a los magistrados.

Designar jueces, fiscales y personal de apoyo “a dedo” por órdenes de otro poder del Estado no es correcto ni es digno ni moral; es, desde todo punto de vista, arbitrario, corruptor y es vejamen de principios elementales de justicia, equidad y ecuanimidad. Quienes elijan -por condiciones personales y de gran moralidad, méritos profesionales dignos y sin antecedentes y que, además, hayan demostrado virtudes y valores en su vida profesional y privada- deben ser elegidos entre los mejores profesionales del Derecho y que sean personas sin tacha alguna y totalmente alejados de la política partidista que antes de servir al país casi siempre se sirven de él, conforme se ha demostrado en exceso en los últimos once años y también en gestiones anteriores de gobiernos que tampoco han respetado, honesta y responsablemente, a la administración de justicia y, en casos, han repetido los yerros de “designaciones a dedo” de magistrados, fiscales y personal de apoyo. Lo que se pretende hacer es repetir el error de hace años: que el Legislativo conjuntamente el voto ciudadano elijan a Jueces y demás autoridades del Poder Judicial. Este procedimiento estaría inhabilitado por ser el Legislativo representación de los partidos políticos y, ahora, con una mayoría del partido de gobierno. ¿Quién garantiza que esos parlamentarios sólo levanten la mano en aprobación de lo que conviene al gobierno y su partido? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Legislativo que no sabe de libertad e independencia porque está supeditado al Ejecutivo?

En todo caso, lo que correspondería es constituir un Consejo o Tribunal de la Magistratura integrado por ciudadanos de mucho prestigio y cuya honorabilidad, idoneidad, imparcialidad, ajeno a concomitancias político-partidistas y tengan mucha experiencia en la profesión del Derecho, esté conformado por: Tres ex–presidentes de la Corte Suprema de Justicia; cinco representantes de las universidades públicas y privadas elegidos por consenso en reunión de esas casas de estudios superiores; nueve representantes de los Colegios de Abogados que se caractericen por méritos, no militancia partidista y que no hayan ocupado funciones públicas. Estos abogados tendrían a su cargo la elección de los integrantes del Poder Judicial.

El país no puede ni debe estar supeditado a las designaciones por conveniencias políticas o sectarias que, está visto, no representan los intereses del país porque sirven a quienes buscan beneficios partidarios, económicos, etc. Es tiempo de que el país debe estar debida, honesta y responsablemente organizado. Cada uno de los Poderes del Estado debe actuar bajo condiciones de libertad e independencia unos de otros; de otro modo, cualquiera de los poderes se convierte en instrumento político-partidista y no representa al país, no es institución nacional y menos merece la confianza pública.

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