APDH

Recomiendan que contrato debe llevar firmas de los responsables


 

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) aclaró la denuncia del proceso de cultura, física y ciencias deportivas, Octavio Gonzales Cordero, quien dijo que los gobiernos subnacionales de Pando le adeudaban salarios, pero la entidad constató que no había documentos firmados con ambas instancias, y es por ello que recomienda revisar bien los contratos y que las firmas correspondientes estén.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh), Amparo Carvajal, aclaró las denuncias del Profesor, ya que en persona acudió al departamento pandino para verificar la queja del denunciante.

Carvajal explicó que Gonzales solicitó intervención de la APDH, debido que -según el Profesor- la Gobernación de Cobija le debería varios pagos por la prestación de sus servicios, los mismos que supuestamente no fueron pagados hasta la fecha.

A raíz de ello Gonzales solicitó la ayuda de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, según cuenta dio a conocer el problema que atravesaba y entregó toda su documentación original a la entidad.

El profesor permaneció alojado en ambientes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos durante una semana, mientras se procesaba su caso, tiempo en el que la Presidenta llevó personalmente toda su documentación a Cobija para indagar en el problema.

VISITA

Carvajal explicó que visitó a las autoridades tanto Municipales como de la Gobernación, que junto a ella, revisaron el caso y toda la documentación, se verifico que el profesor no aparecía en las planillas; y para profundizar más el tema derivó el caso a la regional de Pando.

Señaló que muchos de los documentos presentados no contaban con sellos y firmas de las autoridades de la Gobernación, que lo contrataron, y que esta documentación no tendría ninguna validez al no contar con las firmas correspondientes.

FOTOCOPIAS

También relata el profesor que una vez que la Presidenta vuelve de Cobija, le exige toda la documentación que presentó, debido a que su caso no fue resuelto, y Carvajal señala que se le entregó todos sus papeles.

Sin embargo, Gonzales afirmó que no se le devolvió toda la documentación y denunció el perjuicio que le estarían causando, debido al extravió de la documentación original que habría presentado, pero Carvajal aclaró que la casa defensora de los derechos humanos no recibe ningún tipo de documento original.

Explico que la recepción de documentos de cualquier caso, sólo se solicita la fotocopia simple de todo el material de prueba. Especificó que ni siquiera se pide la fotocopia legalizada, y aseguró haberle dado toda la ayuda a Gonzales, y recordó que el caso sigue desde Cobija.

DENUNCIA

De acuerdo a la recopilación de la información que Gonzales presentó a este medio de comunicación, en 2010 y 2011, la directora de Educación de la Distrital de Educación de Cobija, Rosa Gilda García, y el Profesor Alberto Moreno (hoy diputado por el MAS) solicitaron sus servicios, y se firmó contrato en el Colegio “Mariscal Sucre”, donde trabajó hasta concluir el año.

Posterior a ello el 2011, Gonzales trabajó como responsable de la disciplina de natación para los juegos estudiantiles plurinacionales, donde coordinó con todas las unidades educativas en niveles primarios y secundarios tanto damas como varones de Cobija.

Incluso viajó a la nacional de Sucre en octubre del 2011, donde obtuvieron el 4to lugar a nivel nacional.

Pero por esa labor, se le adeudaría el pago del salario de un año de trabajo, es decir el 100% del pago, que según Gonzales le correspondería a la Gobernación.

En los años 2012 y 2013, la Alcaldía Municipal de Cobija - Pando, inauguró la Escuela municipal de natación donde se firmó el contrato por la suma de 3.500 bolivianos mensuales, donde le pagaron durante 3 meses el 50% del sueldo con el compromiso de mantenerle en el puesto, y según Gonzales la Alcaldía le adeudaría 18 meses de pago.

Finamente, Carvajal recomendó que al momento de que toda persona firme un contrato se cerciore de cada detalle del documento y sobre todo cuente con las firmas de las personas u autoridades, que le estarían contratando para que dicho documento tenga validez y evitar cualquier tipo de injusticia o irregularidad.

 
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