ANP lamenta promulgación de Ley 554 pese a advertencias


 

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) lamentó que la Ley 554 modificatoria del Seguro Privado de Vida e Invalidez para las y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia haya sido promulgada pese a sus reiteradas advertencias sobre la creación de una norma con “un alto potencial para convertirse en fuente de corrupción”.

De acuerdo con un comunicado, la ANP, en los últimos dos años, realizó permanentes denuncias sobre las deficiencias de una ley que abriría puertas al manejo arbitrario de un fondo financiado con recursos de las empresas de comunicación con una cantidad indeterminada de dinero y sin la precisión del número real de beneficiarios.

“La ANP reitera que la aplicación de un nuevo impuesto a las empresas periodísticas en general representa un atropello y conculca el ‘derecho a la propiedad privada o colectiva’ que cumple una función social y está protegida por el parágrafo I del artículo 56 de la Constitución Política del Estado (CPE)”, aseguró la entidad a través del documento.

Asimismo, sus representantes recordaron que la carta magna declara que el “patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable”, según expresa el parágrafo IV del Artículo 52, por lo que, aseguraron, “la ley promulgada el pasado 1 de agosto, violenta esa protección constitucional”.

La entidad también aseguró que de ese modo, y de manera indirecta, la nueva legislación vulnera también  el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos porque debilita las finanzas de las empresas de comunicación, llevándolas al borde del colapso económico.

Por otra parte, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia agregó que además del impuesto al seguro de vida, las empresas de comunicación están obligadas, por seis leyes, a publicar sin retribución alguna los avisos impuestos por el Gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el ministerio del sector, “con un alto costo sobre sus ingresos legítimos”.

Agregado a ello, la ANP manifestó que desde la presentación del proyecto buscó adherirse a la iniciativa, pero con una administración directa de las empresas periodísticas y sus trabajadores, para evitar que personas ajenas a la labor informativa se beneficien sin reunir requisitos mínimos.

Finalmente, reiteró que se “advirtió pública y oportunamente a las autoridades pertinentes sobre el peligro de generar una fuente de corrupción sólo en aras de satisfacer demandas de sectores interesados únicamente en disfrutar las prebendas del poder político coyuntural”.

 
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