Se acortan plazos para aprobación de leyes orgánicas; quedan 48 días
Diputados sesionan contra reloj; buscan eliminar “cuello de botella”
LA CÁMARA DE DIPUTADOS TRABAJA CONTRA EL TIEMPO PARA DESCONGESTIONAR LA VIABILIDAD A LAS LEYES ORGÁNICAS. |
• Los legisladores se llenan de leyes fundamentales, tienen la Ley del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y ahora esperan la Ley del Órgano Electoral.
Los plazos constitucionales se acortan, los diputados trabajan contra el reloj incluidos sábados y feriados y el Ejecutivo presiona. Tras la aprobación de la Ley del Órgano Electoral en el Senado, la Cámara de Diputados se constituyó desde ayer en “un cuello botella” para el tratamiento de leyes consideradas fundamentales destinadas a implementar la nueva Constitución Política del Estado.
A partir de hoy, ambas Cámaras tienen un plazo de 48 días para aprobar la Ley Orgánica Judicial, Ley del Tribunal Constitucional, Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley del Régimen Electoral y la Ley Marco de Autonomías que deben estar sancionadas hasta el 22 de julio próximo.
El miércoles, el Senado aprobó la Ley del Órgano Electoral con 96 artículos y remitió a Diputados para su revisión; sin embargo no podrá aún ser tratada porque la Cámara Baja tiene en agenda cerrada la Ley del Órgano Judicial que cuenta con 225 artículos y está en sala de espera la Ley del Tribunal Constitucional de al menos 105 artículos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, tras su viaje de dos días a España, reinstaló ayer el debate, y la suspendió hasta hoy jueves para que una comisión jurídica de diputados y jefes de bancada puedan encontrar consensos que le faciliten al MAS la tarea de aprobación de esa ampulosa norma, sin entrar a la confrontación que puede demorar aún más el trámite legislativo.
La comisión presidida por Héctor Arce, y los jefes de bancada de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro y Concertación Nacional (CN), Mauricio Muñoz, acompañada de sus diputados de profesión abogados, evaluaron las discrepancias de la Ley Judicial sin lograr acuerdo, hasta el cierre de edición.
La oposición puso como requisito de un acuerdo mínimo de consenso, la eliminación del Defensor del Litigación o en su peor caso sacar de la tuición del Ejecutivo para que no sea un instrumento de injerencia política sobre los otros poderes. Igualmente, exigió que el Tribunal Constitucional vuelva a formar parte del Órgano Judicial y no tenga estatus de independencia a donde se presume que el Ejecutivo pueda meter las manos.
RIESGOS DE RUPTURA
El MAS teme que ante una eventual falta de acuerdo, la oposición actúe en bloque y dé dura batalla parlamentaria, acudiendo a los mecanismos dilatorios que el Reglamento General otorga a los diputados en su derecho a exigir mayor debate. De presentarse este aspecto en la Ley del Órgano Judicial, habría un largo debate por cada artículo en su estación en detalle.
Esta situación obligó al presidente Héctor Arce agotar todos los esfuerzos en busca de un acuerdo con la oposición que le facilite la aprobación en tiempos récord y en esa perspectiva habilitó este jueves feriado de Corpus Christi para el tratamiento con posibilidad de ser declarado sesión por tiempo y materia de manera que la ley pueda ser aprobada hasta el viernes.
En Diputados, el MAS está urgido del apoyo de la oposición para también aprobar con la misma facilidad la Ley del Tribunal Constitucional que tiene una redacción final en la Comisión de Justicia Plural, y la del Órgano Electoral que entrará en correspondencia mañana para ser puesto en consideración de la misma comisión ese mismo día.
La reducción de los plazos generó una preocupación del presidente Evo Morales que citó a los operadores políticos de su bancada a una reunión de evaluación hoy a la cinco de la mañana, para tomar decisiones y agilizar el trámite legislativo, según revelaron anoche fuentes políticas del oficialismo.
La diputada Norma Piérola explicó que su bancada hará todo lo posible para llegar a un acuerdo, siempre que se respeten los principios fundamentales de la independencia de poderes y no como está actualmente planteada la ley, donde se abre la compuerta para que el Ejecutivo manipule el funcionamiento de la Justicia y el Poder Electoral.