Advierten con procesos contra legisladores que sancionen norma

El diputado opositor por Convergencia Nacional (CN), Alejandro Zapata, anunció ayer la posibilidad de un proceso judicial en contra los legisladores en la Cámara de Diputados que aprueben la denominada “Ley corta” por considerar que vulnera la actual Constitución Política del Estado (CPE).

“Esta ley transitoria está violentando dos artículos de la Constitución, el 12 referido a la administración del Estado y el 159 sobre las competencias del Órgano Legislativo, por lo tanto aquellos parlamentarios que puedan participar en esta sesión aprobando esta determinación, en el futuro son susceptibles de que se les inicie un juicio de responsabilidades”, dijo Zapata.

El artículo 12 manifiesta en sus partes sobresalientes que “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentado en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.

También: “Son funciones estatales la de Control, Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado. (...) Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre si ”.

Por su parte, el artículo 159 y 160 se refieren a las atribuciones de cada una de estas Cámaras, por separado, enmarcado en la independencia de poderes del Estado, entre las cuales se estipula la elaboración y aprobación de sus reglamentos, aplicación de sanciones a los legisladores en esta Cámara, entre otras.

El legislador opositor manifestó que este extremo puede ser iniciado por cualquier ciudadano boliviano que vea afectado sus intereses por las decisiones que tomen las autoridades del Órgano Judicial.

Por su parte, el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, desestimó esta situación extrema, pues consideró que esta futura designación de autoridades en el Órgano Judicial se la realiza en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y también resaltó la calidad de transición de estas futuras designaciones.

Remarcó que el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, tiene la facultad para realizar esta designación de autoridades y que esta ley tiene el objetivo de dar continuidad a las instituciones judiciales, y sobre todo, a los ciudadanos que cuentan con casos legales en instancias de este Órgano Judicial.

Afirmó que este tema quedará solucionado el 5 de diciembre, fecha en la cual se realizará la elección de nuevas autoridades a través del voto de todos los bolivianos, los mismos que se posesionarán el 5 de enero con lo cual se subsanará el problema de falencias de autoridades.

“No hay que temer a esos posibles procesos porque no se están violando normas, estas futuras designaciones de autoridades están de acuerdo a la Constitución Política del Estado”, insistió Rojas.