Peligro en las carreteras

Germán Aguilar Blanco

El Decreto Supremo 0420 de control y fiscalización de uso de transporte público interdepartamental e interprovincial es apoyado por el Consejo de Juntas Vecinales a nivel del país.

Los ciudadanos que exigimos garantías constitucionales de seguridad nos sumamos al respaldo a este decreto emitido por el Gobierno central, que tiene el objetivo principal de disminuir y fundamentalmente prevenir el riesgo de accidentes de tránsito en las carreteras y caminos del nuevo Estado Plurinacional, estableciendo sanciones ante el incumplimiento.

Con gran sorpresa nos enteramos que un alto dirigente de la Confederación de transportistas no cuenta con licencia de conducción, que en el año 2006 se lo encontró en estado de ebriedad. También un ex mandatario por causa del alcohol protagonizó un fatal accidente con saldo de un muerto. A estas alturas del tiempo nos preguntamos: ¿cómo quedó la familia después de este fatídico accidente? Al parecer no existe respuesta positiva alguna que sancione por lo menos moralmente, por parte de las autoridades del Ministerio de Transportes y así sucesivamente se viene repitiendo hechos lamentables para las familias bolivianas.

Sin embargo, deteniéndonos en el análisis de este problema social que nos involucra a todos, sin distinguir edad o nivel de instrucción, porque estamos expuestos al peligro latente todos los días, va mucho más allá de la simple sanción gubernamental impuesta, porque el hecho de ingerir bebida en determinados lugares para la buena suerte y hallar un mejor destino, como las apachetas, costumbre ancestral, es parte de la cultura de los choferes de transporte público. Aún no se sabe si con esta medida gubernamental disminuirá o, por el contrario, aumentarán notablemente los altos índices de consumo de alcohol, aunque en otros países, como Estados Unidos, se aplica sanciones drásticamente por el incumplimiento de la ley seca. Los empresarios del transporte no sólo deben lucrar con el dolor de familias que han perdido a sus seres queridos, sino principalmente velar por la seguridad de los pasajeros para que lleguen con tranquilidad a sus destinos.

La pregunta de millones de ciudadanos bolivianos que tienen que trasladarse a los diversos puntos cardinales de la geografía de Bolivia es: ¿quién responde por la vida de un padre o madre de familia que tiene que educar a sus hijos en edad escolar? La vida no se compra con dinero, es lo más preciado que tenemos, sin distinguir sexo ni edad, porque cuando un ser querido muere, el entorno familiar, incluidos los abuelos, queda desestructurado, se deja en la orfandad a niños, sin protección de los tutores. Un miembro mutilado del cuerpo humano ya no es posible reemplazarlo, de la persona que lo ha perdido por causa de un accidente fortuito, su destino es vivir de la limosna, es incapaz de trabajar, pierde empleo y a su familia.

Este decreto se lo debe aplicar también a todos los niveles del transporte de vehículos, debe abarcar a lo privado, a los propietarios del transporte particular para evitar futuros accidentes. No olvidemos que en algunas zonas, jóvenes al calor de las bebidas alcohólicas, por falta de una educación apropiada, conducen vehículos alocadamente.

Al respecto, el Viceministro de régimen interior dijo que el transportista que conduce en estado de ebriedad es un “homicida en potencia”, lo que quiere decir que puede matar con licencia, por lo que se tiene que poner límite a esta problemática social que es de muchas décadas atrás.

Esperemos que en estas fiestas de carnaval, feriado nacional de cuatro días, seguramente con derroche de dinero, no sean cometidos excesos como accidentes de tránsito, peleas callejeras, violencia intrafamiliar, etc. El control de las autoridades competentes deberá ser riguroso, por el bienestar común.