Congreso retrasa inicio de obras
de Palacio de Justicia en El Alto
Maqueta del futuro Palacio de Justicia que será erigido en el Distrito 1. |
• Presidente de Concejo Municipal de El Alto asegura que esa instancia no puede avalar el desembolso del 20% por falta de una ley.
El Concejo Municipal de El Alto aguarda la aprobación de una ley para autorizar el 20% del financiamiento para la construcción del Palacio de Justicia en esta urbe.
Roberto de la Cruz, presidente del Concejo Municipal, dijo que mientras no se apruebe esa ley, la Alcaldía de El Alto no puede disponer el 20% que le corresponde como contraparte de los siete millones, para construir esa obra de gran magnitud.
La autoridad edil, sostuvo que a la fecha, sólo existe el terreno que el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), otorgó para la edificación del Palacio de Justicia y el desembolso del 20 por ciento pasa por la aprobación de esa ley en el Congreso Nacional.
“En tanto no exista una ley o resolución que permita que nosotros tengamos que disponer el 20 por ciento de los recursos municipales, no podemos aprobar ningún financiamiento, de lo contrario estaríamos cometiendo un delito”, sostuvo.
Sin embargo, manifestó que los concejales debatirán en las próximas sesiones, la viabilización de esta obra que es parte del desarrollo de la ciudad, con más crecimiento población del país.
“Vamos a poner en consideración en el orden del día para que no existan retrasos”, comprometió.
PROYECTO
A su turno, Erika Arratia, directora de la Unidad de Proyectos Distritales del municipio, explicó que el monto total para la ejecución de la obra es de 7.000.000 de dólares y el mismo está en consideración del Concejo Municipal.
No obstante, recalcó que según las normas vigentes, el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, debe financiar el 50 por ciento de la obra.
El Gobierno nacional debe disponer el 30%, y en este caso el municipio alteño debe otorgar el 20 por ciento y el mismo debe ser homologado por el Concejo Municipal.
COR
Entretanto, dirigentes de la Central Obrera Regional (COR), mediante una carta enviada, el pasado 9 de este a Esteban Estrada y Víctor Paredes, representantes Distritales del Consejo de la Judicatura de La Paz, solicitan ser fiscalizadores de la contratación y ejecución de la obra.
La organización sindical, arguye su pedido amparado en el Articulo 60, inciso b) del Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009 que aprueba las “Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios” reguladas por la Ley SAFCO.
Además, los dirigentes de la COR, a la cabeza de su ejecutivo, Edgar Patana, piden que en la licitación pública internacional participen las distintas organizaciones sociales de esa ciudad, según les faculta los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, que faculta a la sociedad civil organizada ejercer el control social a las instituciones públicas que administren recursos fiscales, obligando a éstas a un manejo transparente de la información y del uso de tales recursos públicos.
Anteriormente, el alcalde alteño Fanor Nava, vecinos de la zona 12 de Octubre y dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales, la COR y otros acordaron impulsar la ejecución de este proyecto. Los concejales no asistieron al encuentro.
