De la mediocridad a la mediocracia encubierta

Fernando Valdivia Delgado

La mediocridad con que manejan algunas autoridades los asuntos de interés público, refleja que se mantiene vigente, en el escenario político, una mediocridad moral sin límites. Este ejercicio, sumando todas las expresiones individuales, ratifica también la vigencia de la “mediocracia encubierta”, mediante una intensiva campaña mediática que distrae y disipa errores, delitos y, principalmente, el desprecio que siente por la sociedad y por la vida humana.

Un ejemplo patético de este comportamiento lo da el Alcalde Municipal de La Paz, quien por su pretensión permanente de situarse entre “los más honestos de la política boliviana”, cae en la “soberbia” y que recibió como herencia, en su paso por las cúpulas de las llamadas “revolución en la revolución”, “la revolución de la izquierda”, “el neoliberalismo de los ochenta”, “la política de capitalización” y hoy, “cubriendo apariencias”, milita en el “Socialismo del Siglo XXI”. Existen muchos más casos, pero no los mencionamos por temor a exaltar cada uno de esos espíritus.

Las palabras que se escucha de estas autoridades reflejan siempre intencionalidad y, por ello, muchas veces no son acordes con la circunstancia. Un ejemplo: “Mis informes los envíe, inclusive, ante la corte celestial”, expresadas por el burgomaestre paceño como respuesta a dirigentes cívicos de una institución paceña.

Pensamos que dicho informe es más útil en la sociedad paceña y no en “la corte celestial”, porque, en definitiva, otras son las preocupaciones de aquella instancia divina, que esa información requerida para disipar o confirmar denuncias sobre el alto grado de corrupción a que hacen referencia, de manera constante, dirigentes vecinales, que se mantienen alejados de los “planes de gobernabilidad del municipio”, como de miembros de la cúpula gubernamental.

Si analizamos el tema desde el punto de vista de la “honestidad”, que es recurrente en el discurso municipal, vamos a hacer recurrente también la definición que José Ingenieros ha establecido en torno a la indicada acepción. “Las mediocracias prefieren al honesto y lo encumbran como ejemplo. En ello hay un implícito error o mentira. Honestidad no es virtud, aunque tampoco es vicio. (…) Se puede ser honesto sin sentir un afán de perfección; sobra para ello con no ostentar el mal, lo que no basta para ser virtuoso…”.

Con el ejercicio de la honestidad extrema, el actual gobierno municipal encara desde hace años todo un plan de “judicialización del sistema” para garantizar gobernabilidad y mantener el camino limpio para sus decisiones que durante diez años fueron siempre personales. Seminarios, cursos, debates e inclusive “asambleas de vecinos” cayeron en la “bolsa de la dádiva” administrada por la Dirección de Gobernabilidad.

Esta práctica ha sido copiada por los niveles más altos de la política nacional, pero, además, es producto de un ejercicio constante aunque más disimulado, en los 27 años de democracia continúa que está vigente en Bolivia. Es así cómo de 1994 a 1998 se produce el tristemente célebre “Juicio de la ignominia” contra el fallecido Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Edgar Oblitas Fernández, sólo con el objetivo de imponer la política de capitalización y eliminar posibles escollos que cierren el paso a la enajenación del patrimonio nacional.

Lo que hoy vemos o vivimos en Bolivia constituye una copia mal planteada y muy alejada de los procedimientos legales, en varios casos que forman parte del “plan de judicialización de la política”, cuyos progenitores y protagonistas son los mismos que infirieron grave daño a la institucionalidad nacional, en épocas del depuesto presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo personaje paga con su exilio y auto prohibición de ingresar a su tierra, su exacerbada prepotencia y soberbia, sin sentencia ejecutoriada.