Auditorías municipales

Cuando la administración de los recursos del Estado no se la realiza con transparencia y honestidad, surgen cuestionamientos por malos manejos, negociados que generalmente benefician a las autoridades del sector. En ese sentido, en los últimos días se conoció denuncias en contra de ejecutivos de reparticiones de la administración pública, como el Fiscal del Distrito de La Paz, la Alcaldesa de la ciudad de Sucre, un senador del que se guarda su identificación en reserva, el que estaría comprometido con la autorización para la contratación de la empresa que debía construir una planta procesadora de líquidos derivados del petróleo en el departamento de Tarija, así como demandas a candidatos a la presidencia o vicepresidencia del país para las elecciones del próximo diciembre, denuncias que dieron lugar a la destitución del burgomaestre de la ciudad de El Alto, las adquisiciones de volquetas con sobreprecios por parte del Alcalde de Cochabamba, etc.

Pero están llamando la atención de la ciudadanía las denuncias en contra del alcalde de La Paz, Juan del Granado, por la deficiente administración de los recursos y bienes de la ciudad de Murillo. En un principio se pensó que las acusaciones que empezaron a circular eran producto de la campaña electoral y la guerra de acusaciones y contraacusaciones, sin embargo eso quedó descartado porque las denuncias fueron sumándose, incluso de las juntas de vecinos que en cierta oportunidad apoyaban la gestión del ahora cuestionado Alcalde paceño. Según las denuncias está observado el gasto de decenas de millones de dólares en obras mal ejecutadas.

Muchas de las acusaciones fueron judicializadas con la finalidad de atemorizar a los dirigentes vecinales y cívicos que hacen conocer la administración discrecional de los recursos del municipio, que son producto de los impuestos que paga el ciudadano por todo concepto. Lo curioso es que un político que se dice antiimperialista dolariza los tributos cuando lo lógico es que dé prioridad a la moneda nacional. Existen arbitrariedades que los ediles no quieren enmendar, porque las tareas de fiscalización de los concejales no tienen efecto, debido a que solamente un concejal se alinea en la oposición y quiere cumplir con sus atribuciones constitucionales. Como se ve huérfano de apoyo, todas las acciones que realiza no tienen resultado.

Es importante que la Contraloría General de la República tome cartas en el asunto, así como las comisiones mixtas del Congreso Nacional tanto de finanzas como de los gobiernos municipales. Tienen que analizar las denuncias que cursan contra la administración económica de Juan del Granado, para evidenciar si existen o no errores en la administración de los recursos del Estado. Para ello es impostergable la realización de las auditorías correspondientes. Por su parte los miembros del Concejo Municipal si no están a favor de la corrupción deberían otorgar licencia al burgomaestre para que no interfiera en la fiscalización que se tiene que hacer en el menor tiempo posible, solo así se conocerá la verdad de la situación.

Las autoridades tanto del Legislativo como del Ejecutivo deben considerar las denuncias en contra de la administración de Juan del Granado, como las del Comité de Defensa de La Paz, que ha cuestionado casi todas las obras ejecutadas por la actual gestión edil, calificándolas como mal ejecutadas, pues muchas de ellas a menos de dos años de su entrega están deterioradas.

La animadversión del Alcalde paceño en contra de ciertas instituciones o personalidades políticas, cívicas y empresariales ha dado lugar a que cometa arbitrariedades como la destrucción de un inmueble de cuatro plantas construido en la zona sur de la ciudad, con el argumento de que los terrenos donde estaba ubicada la construcción eran de propiedad municipal, grueso error que fue desmentido por las sentencias de la demanda judicial que interpuso el afectado. El daño ocasionado se calcula en más de un millón de dólares y según los juristas entendidos en el tema, ese daño será subsanado con recursos económicos de propiedad del municipio. La destrucción de varios muros en la zona de Irpavi es una equivocación reconocida por las autoridades ediles, pero no hay reparación porque sus propietarios son militares en servicio pasivo.

Contrariamente a lo que hizo en contra de inmuebles legalmente construidos, las autoridades municipales en complicidad con algunos sub alcaldes pasan por alto construcciones fuera de nivel o que ocupan terrenos públicos, como una vivienda ubicada en el barrio de San Pedro cuyo propietario incluso tuvo la osadía de cambiar la línea y nivel a su conveniencia, porque el cordón de la acera lo desvió unos 70 centímetros de su lugar original.

Para esclarecer las denuncias sobre mal manejo de dinero del Estado, las autoridades nacionales deben autorizar la realización de auditorías. En tanto el burgomaestre tiene que explicar el motivo de la mala ejecución de obras del Bicentenario, muchas de las cuales son proyectos de anteriores alcaldes a los que criticaba Juan del Granado, pero ahora no las puede concluir, como es el caso de los “puentes trillizos”, que se dice tienen un sobreprecio de millones de dólares, al igual que otras obras. Si las denuncias son falsas las tiene que desmentir el Alcalde, a fin de no cargar con la responsabilidad de un manejo discrecional de los recursos de los ciudadanos.