Se hizo inspección ocular

Prefectura gestiona la recuperación de repuestos y accesorios robados

La Prefectura de La Paz lleva adelante un proceso penal para recuperar accesorios y repuestos robados el 19 de noviembre del 2008 del Campamento de Senkata, por un valor de medio millón de bolivianos, y otros sustraídos, el 3 de febrero de 2009, del campamento de Caranavi.

Los abogados del Servicios Departamental de Caminos (Sedcam) informaron que en el campamento de Senkata se ha llegado a sustraer accesorios y repuestos por un valor aproximado de medio millón de bolivianos.

Entre estos están accesorios de varias unidades de construcción, como son los tractores Caterpilar, que se encontraban en perfecto funcionamiento. Asimismo se sustrajo varias chapas, que son estructuras mecánicas para el acceso de agua y facilitar la construcción de caminos. Cada una tiene un valor de 500 dólares, aproximadamente.

En la inspección ocular llevada adelante en el campamento de Senkata, hace algunos días, los testigos narraron cómo se produjeron los robos, además acusaron al sereno de turno, Dionisio Carrizales, de estar implicado, por lo que actualmente se encuentra prófugo.

Hasta la fecha, los abogados de Sedcam han presentado testigos y pruebas, pero las autoridades a cargo del caso han cometido muchas omisiones, como es el caso del doctor Manuel León Silva, ex fiscal de propiedades, quien no ha actuado con preferencia, en casos que afectan al Patrimonio el Estado.

Es en ese caso, los abogados de la Prefectura han presentado una denuncia formal a la Fiscalía de la República, a través del Fiscal de Distrito, para que el representante del ministerio público sea procesado debido a que se ha parcializado en el proceso.

Por otra parte, en el robo sucedido en la localidad de Caranavi, el 3 de febrero del 2009, se sigue un proceso penal contra los señores Lucas Colque, Yonny Colque Copa y otros por el delito de robo agravado, debido a que se los encontró de forma fragante, sustrayendo accesorios y repuestos de los tractores Caterpilar para ser sustraído en una camioneta llevados en una movilidad y una grúa.

Según Romas Guaqui, abogado de Sedcam, se hubiera concretado otro delito por aproximadamente 230 mil bolivianos.

En audiencia de medidas cautelares, efectuada el 29 de octubre pasado, los abogados de la Prefectura han solicitado el embargo de la movilidad y de la grúa, para garantizar el daño civil que se le causó a la Prefectura.