Licencia ambiental
Un grave daño para la humanidad es la destrucción del medio ambiente. Los líderes mundiales y gobernantes de países saben de los daños que se está causando al planeta, pero sólo aplican medidas para paliar la situación. A nivel mundial son establecidas convenciones desde la década del 60 del siglo pasado. En el país los instrumentos normativos que rigen, como la Ley del Medio Ambiente, la Ley Forestal, el Código Minero y otros, son de conocimiento de los juristas, pero quienes gobiernan no las aplican, contribuyendo de esta manera a la destrucción de nuestro hábitat. Con frecuencia se informa de los daños que están causando la polución, la tala indiscriminada de árboles, la utilización de reactivos químicos, cuyos residuos son depositados en basurales y los líquidos vertidos por las fábricas o factorías mineras en los caudales de ríos. Así se está dañando grandes extensiones de suelo agrícola, contaminando la fauna del lugar y eliminando a los peces que viven en las corrientes de agua y lagos afectados por elementos contaminantes. La defensa del medio ambiente es mundial, todos los estados conocen los estragos que causará en el futuro la contaminación si no se toma los recaudos oportunamente.
La Ley del Medio Ambiente es una de las normas más completas y avanzadas de la región, habiendo merecido un reconocimiento y valoración de los gobiernos. Sin embargo en Bolivia no se la ejecuta como corresponde, al igual que la Ley Forestal, cuando su aplicación es necesaria para reducir los índices de contaminación ambiental y la irracional deforestación de los bosques del país. Las autoridades saben quiénes atentan contra el patrimonio nacional y contra la vida de los bolivianos, pero no pueden poner freno a esos atentados. Por el contrario, la falta de control riguroso alienta a los delincuentes a continuar con su actividad devastadora.
A pesar de una ley que preserva los bosques, las sabanas y la puna, los responsables de esta tarea no cumplen con su labor, como en el caso de la tala indiscriminada de árboles de maderas preciosas, o la contaminación de los suelos en el trópico y sub trópico, como también en el altiplano. Estos abusos contra la salud de las personas se da incluso en las ciudades, donde funcionan fábricas que usan reactivos químicos nocivos para la salud de las personas, como también criaderos de animales y lugares clandestinos donde se faena ganado, sobre todo equino. Las curtiembres y hospitales vierten sus desechos a los basurales y a los sistemas de alcantarillado, contaminando los ríos y riachuelos de las ciudades, cuyas aguas son utilizadas para el regadío de cultivos en tierras aguas abajo.
La Ley exige que para cualquier trabajo de explotación minera, construcción de carreteras, presas, hospitales, campos deportivos y otros los constructores y supervisores tienen que hacer un Estudio de Impacto Ambiental, que es puesto a consideración de la autoridad correspondiente, para que una vez aprobada se emita la licencia ambiental, que significa la autorización para llevar adelante el proyecto. En caso contrario la obra queda paralizada. Pero los que se identifican con los gobiernos de turno son liberados de cumplir esas exigencias. Ni qué decir de las empresas del Estado, sobre todo las mineras, que son las que mayor contaminación ocasionan a vista y paciencia de las autoridades nacionales, que no cumplen el rol que les compete para frenar esos crímenes contra la naturaleza.
Según una reciente información, ha sido reactivada la mina de Corocoro, donde se explota el yacimiento de cobre más grande del país, con una inversión calculada de 18 millones de dólares y se prevé una explotación diaria de 10 toneladas y 3.500 al año. La explotación se la realizará a “cielo abierto”, pero no se tomó en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto no cuenta con la licencia o tarjeta ambiental, que constituye un requisito fundamental para llevar adelante ese proceso minero. Tal revelación, hecha hace algunos días, movilizó a los dirigentes de las comunidades circundantes de la región donde está la factoría, los que rechazaron la inauguración de la planta hidrometalúrgica de Corocoro, por no cumplir con las normas ambientales establecidas en el país.
En este sentido, por la contaminación de la cuenca del Río Pilcomayo, por efecto de los desmontes y las aguas de copagira de las minas del departamento de Potosí, gran parte de la misma quedó inutilizada para la producción agrícola, lo mismo sucedió en Oruro, lo grave es que afecta a los animales, por lo que peces del mencionado río llevan en su sangre componentes de plomo. De igual modo se afecta a la fauna terrestre del lugar, afectando los repositorios de esas aguas. Esta la causa principal para la contaminación que afecta a los lagos Poopo y Titicaca, por las aguas servidas de las minas, las fábricas y residuos de las ciudades. Si queremos preservar la salud de los bolivianos se tiene que tomar las medidas más aconsejables y sin pérdida de tiempo.
