Perfil de los protagonistas de la gestión pública

René Sangüesa Figueroa

I.- Una de las grandes deficiencias que América Latina padece, señaladas por la mayoría de expertos, nacionales o foráneos, y reconocidas por los propios gobiernos, es la ausencia de iniciativas de políticas públicas, lo que revela también la escasez de operadores de políticas y gestores públicos con capacidad de promover acciones de tipo gerencial que aporten a un verdadero desarrollo de los países.

La historia de nuestro país refleja también que, en la mayoría de las gestiones gubernamentales, estas deficiencias, tal como sucedió con la aplicación de las Políticas de Ajuste Estructural del pasado inmediato 1985-2006, cuyos rasgos centrales impulsaron la restitución de una economía de mercado y respaldo pleno a la iniciativa privada en el marco del modelo neoliberal, que sostenían que nuestra economía iba a crecer, dinamizar y generar empleo, nos revelaron que ésta se paralizó, habiendo ingresado el país a una especie de recesión económica, que se refleja en la desigualdad y pobreza en la mayoría de la población.

En el proceso de cambio que vivimos actualmente no se puede esperar más de lo mismo y aun cuando el discurso y la orientación de las políticas han sido modificados, flota en el ambiente una generalizada alarma ante la escasez de líderes y gestores públicos idóneos; una escasez que se deja sentir en todos los ámbitos, niveles y sectores de la vida pública, en las áreas económica, política y social.

En algunos gestores públicos se ha advertido inclusive una absoluta falta de lectura de la realidad del proceso de cambio que está viviendo el país, donde los gestores actúan supuestamente con criterio estrictamente “técnico”, con idéntico lenguaje, desarrollan acciones del mismo estilo de gestores de la época neoliberal, con los mismos procedimientos en un esquema rígido y mecánico no acorde con la realidad.

En este marco, el presente artículo pretende sentar las bases de discusión en torno al papel y al nuevo perfil del Gestor público, por constituirse éste en su principal protagonista, preguntándonos, ¿cuál es o debería ser el perfil adecuado del nuevo gestor público?, ¿cuáles son los desafíos para los gobiernos municipales y gobiernos departamentales para instrumentalizar las políticas públicas?

En primer lugar, consideramos que este desafío requiere de la intervención del Estado como promotor y protagonista central del Desarrollo Nacional.

Así, las estrategias de desarrollo local y departamental que deberían desprenderse de las líneas rectoras del Plan Nacional de Desarrollo y de los lineamientos de las Políticas sectoriales, a través de los Planes de Desarrollo Municipal y Planes de Desarrollo Departamental, no deberían ser consideradas sólo como instrumentos técnicos, sin ideología ajena a las condiciones políticas e históricas de la realidad actual, deben ser verdaderas guías que respondan a una orientación definida de desarrollo, para saber exactamente a dónde se pretende llegar en cada departamento, en función de su vocación productiva, para lo que estas instituciones deberán diseñar y desarrollar mecanismos administrativos de acercamiento hacia la población.

Uno de los mecanismos de desarrollo y crecimiento de la corrupción en las entidades estatales ha constituido una de las prácticas más recurrentes de la labor del funcionario público en nuestro medio, por lo que hay necesidad imperiosa de desarrollar nuevas actitudes y comportamientos que busquen responsabilidad y probidad en el servidor público, desarrollar valores que transparenten su conducta en el manejo de la cosa pública.

Por lo tanto, transparentar la gestión pública debería dejar de ser sólo un discurso para transformarse en una verdadera práctica, no sólo de los ejecutivos sino de todos los servidores públicos. En este marco, la transparencia de la información debe ser considerada también un modo de responder a la población y una manera de contribuir al control social.

En el ámbito departamental, donde se encuentran también las municipalidades, los gestores públicos deberían ser capaces de responder a las verdaderas necesidades de la población, que influyan en el desarrollo integral (en los ámbitos productivo y social), capaces de definir y diseñar políticas que orienten su accionar; lo que a su vez supone asumir responsabilidades colaterales, como son las de diseñar y desarrollar mecanismos administrativos que garanticen oportunidad y eficiencia en todas sus acciones.