El “conflicto de poderes” en Bolivia

Fernando Valdivia Delgado

La dicotomía con que el Gobierno y el Movimiento al Socialismo trataron los temas vinculados con los derechos de expresión, comunicación, información y opinión, a partir de enero de 2006, no sólo que provocó una profunda crisis institucional en Bolivia, sino que -en más de una oportunidad- produjo una suerte de confrontación hasta alcanzar el grado de “conflicto de poderes”, que puso en vilo al Estado Nacional.

El Gobierno asumió el poder político con la visión de establecer un sistema de control total en la opinión pública y hacer frente a la “preconcebida idea” de que en Bolivia existe una poderosa burguesía asentada, fundamentalmente, en el oriente del país, a la cual la declaró enemiga y se declaró víctima de su poder económico.

Esta visión fue estimulada mediante una “intensa guerra mediática” lanzada desde las esferas gubernamentales, con el objetivo de imponer un régimen totalitario con máscara democrática, que consolide el ambicioso proyecto venezolano de conquistar el “poder total” a que aspira con el título de “socialismo del Siglo XXI”.

La posición que asumen el Gobierno y el MAS, respecto al “derecho que tiene todo ciudadano a expresar sus ideas públicamente, a comunicarse, emitir opinión y críticas”, constituye una línea de acción trazada para construir la “nueva ideología” que Hugo Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales tratan de imponer en un continente que, con muchas dificultades, consolidó la vigencia del sistema democrático y busca salir del subdesarrollo al que fue sometido después del largo período dictatorial que sufrió el pueblo latinoamericano.

Durante los cuatro últimos años, la “guerra mediática” ha constituido el principal instrumento de sustento del poder político y, pese a ello, la nueva visión no ha logrado dar un solo paso significativo hacia delante. Está claro que las debilidades del régimen son más profundas que sus fortalezas y, por lo tanto, las visibles muestras de este desequilibrio provocan reacciones negativas que revelan preocupación y nerviosismo.

Un ejemplo de aquello son las negativas planteadas por el Gobierno contra los derechos que tiene todo candidato o ciudadano a expresarse públicamente, sobre temas inherentes al colectivo nacional y “no permitir que emita opinión” o “mantener incomunicada a una persona con la sociedad”. Al margen que viola elementales principios constitucionales y normas legales, este comportamiento podría establecer una peligrosa jurisprudencia hacia el futuro, contra los más elementales principios del derecho a pensar, expresarse, comunicarse, opinar e, inclusive, a criticar sobre temas relativos a la nación.

En el caso puntual del ciudadano Leopoldo Fernández Ferreira, el Poder Ejecutivo asumió las funciones que le corresponden al Poder Judicial, así como al Poder Electoral, además de rebelarse contra la Ley y provocar, nuevamente, una situación de víctima de una “oligarquía” que no existe.

No olvidemos que nadie puede ser juzgado dos veces por un hecho, ni sentenciado sin previo juicio o debido proceso. Lo que corresponde es cumplir con lo que determina la Ley y lo que manda la Constitución, dejando a cada quien, que cumpla con lo que debe cumplir. Lo contrario es dictadura.