Represión política
Eric Cárdenas del Castillo
Según el origen etimológico de la palabra represión, ésta viene del latín “reprehensione”, que significa la acción o efecto de reprimir o represar, es decir contener, refrenar, moderar, etc., pero en el vocabulario político importa la acción del Gobierno de refrenar, acallar, silenciar cualquier opinión o acción de crítica, censura u opinión en contrario, de las políticas de gobierno y son actos políticos característicos de gobiernos autoritarios y dictatoriales, pues en el sistema de gobierno democrático, coexisten gobierno y oposición, el primero que accede al poder político por las vías establecidas en las normas, para administrar los intereses públicos, y la segunda para fiscalizar y en su caso oponerse a los actos de gobierno que vulneren los intereses ciudadanos o infrinjan las normas establecidas. De ahí que la consulta electoral de este sistema, incluye en el poder u órgano legislativo al oficialismo y a la oposición, pues ambos representan a las mayorías y minorías ciudadanas.
La historia política de nuestra Patria está llena de actos de represión y persecución política de gobiernos autoritarios -lamentablemente la mayoría- contra la oposición y la ciudadanía, en especial en el Siglo XIX y buena parte del XX, pero desde que se retornó a la democracia el año 1982, debido al renunciamiento al poder del patriota general Guido Vildoso Calderón, que cerró con “broche de oro” el ciclo militar luego de la Revolución Nacional, hemos vivido una “primavera democrática”, hasta la llegada al poder del gobierno de los “cocaleros”, presidido por el presidente de las 6 federaciones de cocaleros del Chapare cochabambino y que ha instaurado el gobierno de los indígenas, originarios, campesinos y de los movimientos sociales, con un discurso anti imperialista, anti capitalista, anti neoliberal, anti “kara” y anti blancoide mestizo, aunque en estos días por intereses electoralistas se hace propaganda con la interesada inclusión, al proyecto indígeno-marxista, de algunos ciudadanos de clase media, en general empleados públicos y gente interesada en ocupar cargos en el aparato del Estado, debido al elevado índice de desempleo.
En estos casi cuatro años de gobierno del MAS, los ciudadanos de convicción y formación democrática hemos observado y padecido una política de violencia desatada desde el gobierno del Estado, que ha acumulado más de 60 muertos en los muchos actos de esa violencia, sin que hasta la fecha uno solo de los responsables intelectuales y materiales de esos hechos hubiera sido investigado, menos juzgado, mientras varias personas opositoras y críticas al proyecto masista se encuentran en las cárceles políticas del régimen, comenzando por una autoridad prefectural elegida por el voto de su pueblo y confirmada en el referéndum revocatorio, comunicadores sociales, dirigentes y activistas cívicos y gente inocente y pobre.
Un Senador opositor remitió al Ministerio Público un informe camaral sobre actos de espionaje y seguimiento a ciudadanos y autoridades opositoras, con nombres y apellidos de los responsables y autores de esas limitaciones a los derechos civiles y humanos, pero el Ministerio Público echó al canasto el informe, con el argumento de falta de evidencias.
La persecución política-judicial en contra de dirigentes cívicos, empresariales, profesionales y juveniles de Santa Cruz, luego del “escándalo mediático” del supuesto terrorismo en esa ciudad, a cargo de fiscales y jueces al servicio del poder político, atropellando y vulnerando normas procedimentales, de derechos humanos elementales, con detenciones violentas, denuncias de torturas, presiones para involucrar a terceros en las declaraciones de los detenidos, etc., con la complicidad de los organismos de Derechos, o más bien de izquierdos humanos, es la política represiva del Gobierno, que en los foros internacionales habla de democracia, soberanía y dignidad, cuando en la política interna reprime, persigue y acalla la voz del pueblo consciente de sus derechos atropellados.
Como parte de esta represión oficial están también las llamadas telefónicas amenazantes contra la vida, propiedad e integridad de quienes con sus ideas, análisis y protestas son incómodos al Gobierno. La violencia oficial desatada contra los medios de comunicación social independientes es otra de las características de los autoritarios. La agresión constante a la verdad, la sensatez, la lógica, con propaganda manipulada, falsa, es también otra variante, en fin, ojalá retomemos al estado de derecho y plena vigencia de la institucionalidad jurídica y democrática.
