Aseguran que el rol de la propiedad privada permitirá que el eje de las oportunidades económicas funcione de manera eficiente.

LA CIUDADANÍA TIENE LA PALABRA

“Hay que hacer cumplir las leyes”.

Autoridades de Estado no son consecuentes con la nueva Constitución Política del Estado debido a que permiten el avasallamiento de las minas en Bolivia como se registró con la toma del centro minero de Himalaya por parte de por parte de comunarios de esta región.

El secretario de relaciones de este sector, Miguel Aguilar, señaló que durante varios años los mineros prepararon el yacimiento para luego explotarlo, sin embargo se encontraron con la toma sorpresiva.

Señaló que las autoridades de Gobierno, entre ellos el vicepresidente Alvaro García Linera, “prometieron devolver a este sector la mina, pero hasta el momento no hay nada” dijo.

El ministro de Minería Roberto Ichazú, nos promete la devolución, pero no promete la licencia social. “Pero yo entiendo que la licencia social la tienen que dar los campesinos y el Estado para que alguna empresa trabaje normalmente” dijo.

Miguel Aguilar

“La inseguridad jurídica prevalece”

“Hay que modificar y endurecer las leyes en Bolivia para garantizar la propiedad privada y frenar la delincuencia”.

Sobre últimos hechos de avasallamientos a propiedades privadas como Huajchilla, manifestó que no existe seguridad jurídica y que por ello no hay inversiones del sector privado.

“Todo el mundo quieren salirse el país, mucha gente no quiere venir a Bolivia por estas situaciones de inseguridad jurídica”, acotó

Indicó que las normas no se cumplen en Bolivia, como se manifiesta en la inseguridad ciudadana que se registra todos los días en las calles.

“Lo que tenemos que cambiar es a nuestras autoridades porque hay gente cuestionada en un niveles superiores, como es el Comandante de la Policía y Fiscal de Distrito, que hacen lo que les da la gana”. finalizó.

Don Jaime

“Perdí la esperanza en las leyes”

“Perdí la esperanza en las leyes y ahora pido a las autoridades crear más fuentes de trabajo para los bolivianos”.

Señaló que a comparación de otro años las leyes eran más duras y generaban trabajo.

Calificó de ineficiente al gobierno de Evo Morales porque sus ministros de Estado no generan trabajo y no ponen fin a la toma de tierras, por lo que cree que no está garantizada la propiedad privada en el país.

Reconoció que no hay seguridad jurídica en Bolivia y que por eso se dan los avasallamientos de tierras por gente que no tiene trabajo, asegurando que sólo la inversión privada permitirá la generación de más empleos.

Lo que hace falta es inversión para crear más fábricas.

Doña Rosario

El problema del respeto a la propiedad hoy no se circunscribe solamente a la violación de tierras productivas privadas o predios mineros concesionados a privados, sino que involucra además la invasión de predios comunales y TCOs indígenas por parte de colonizadores y sindicatos.

Por una parte, los colonizadores sindicalizados penetran en áreas protegidas y reservas naturales donde coexisten comunidades indígenas originarias, para ocupar y sembrar productos exógenos.

Por otra parte, el mismo derecho de propiedad de los campesinos se siente avasallado por los intentos del actual gobierno de imponer un régimen comunal-comunitario de propiedad generalizado, que los mismos sectores rurales rechazan, en función al derecho adquirido a ser dueños de su tierra y transferirla o heredarla.

Planteamos una política de protección a la propiedad privada y a la propiedad comunal, en función a la consolidación del territorio mediante la identificación fotométrica-satelital del suelo y su refrenda en un Registro Nacional Único de Propiedad.

La determinación y clasificación de los tipos de suelos y la decisión individual de adscribirse a uno u otro régimen de propiedad serán los principios rectores de esta política.

Estos cuatro últimos años son la prueba más palpables de haber hecho caso omiso de las normas que protegen la propiedad privada en un Estado que no es socialista. Hoy en el campo a sola decisión de los entes sindicales se ha tomado la propiedad privada dejando a expensas de los delincuentes llegar hasta a la violencia física mal llamada “justicia originaria”, del que por ejemplo no se ha librado ninguna provincia paceña, de manera que los artículos 56 y 57 vienen siendo una perorata sobre el derecho a la propiedad privada urbana como rural, la misma que está condicionada a la “función social e interés colectivo”, por tanto, en pocas palabras, la “propiedad privada” deja de ser propiedad privada, si este es un bien social y colectivo.

Estos artículos son otra aberración contra el Estado de derecho y las garantías constitucionales del hombre boliviano del campo como la ciudad, que en su inocencia y sin conocer in extenso del mamotreto de 411 artículos y muchos de ellos con decenas de incisos, que tienen más de reglamento y manual de funciones, no es más la madre de las normas del Estado que esperaban los bolivianos.

El avasallamiento de tierras se esta volviendo “algo normal”, lo cual representa que estamos ante la fragilidad de un Estado de Derecho, anarquía y la gran inseguridad jurídica al que estamos expuestos.

Yo me comprometo que haré prevalecer la seguridad jurídica y voy a restituir todos los derechos constitucionales en todos los ámbitos.

En pleno cumplimiento de lo establecido en la vigente Constitución Política del Estado, que ha determinado que el modelo económico boliviano es plural constituido por formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, la propiedad privada es un elemento sustancial de la organización económica privada, por lo que merece toda la garantía de la misma conforme a la Ley.

En consecuencia ya existen todos mecanismos constitucionales y legales para su defensa y corresponde al Estado la vigilancia del cumplimiento y eficacia de estos mecanismos.

La propuesta de Unidad Nacional respeta a la propiedad privada y le otorga un rol fundamental en el programa de Gobierno. El rol de la propiedad privada permitirá que el eje de las oportunidades económicas funcione de manera eficiente, asimismo, el programa de la vivienda productiva requiere sostenerse en el reconocimiento y en la defensa de la propiedad privada, y por último, la institucionalidad democrática no puede alcanzarse si el derecho a la propiedad privada no está reconocido en su total dimensión.

En la actual Constitución Política del Estado (CPE) en la sección dedicada al derecho de propiedad, ésta parece consagrada, más bien, a su limitación. En dos cláusulas se señala que el derecho rige “siempre que (la propiedad) cumpla una función social” y “siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”. La falta de claridad puede dar lugar a inadecuadas interpretaciones como son los actuales avasallamientos que se han dado en diferentes lugares del país.

Se presenta como “propiedad” algo que en realidad constituye su negación, esto es, la “propiedad colectiva” (una contradicción en los términos) y la “propiedad comunitaria”. Es importante que se aclaren estos términos en la nueva CPE, el alcance de los mismos y cómo se articulan con la propiedad privada.

El otro aspecto clave que se debe delimitar es el enorme crecimiento de la propiedad estatal en desmedro del total de propiedad privada existente. Si bien es importante el rol del Estado en la administración de los bienes públicos y en

campo productivo, su trabajo no es ni sustituir a los productores ni competir deslealmente con ellos. El fortalecimiento del Estado no se logrará metiéndolo en toda clase de empresas e iniciativas, incluso en aquellas que podría realizar con ventaja el sector privado.

En este aspecto queremos ser muy precisos y concluyentes. Afirmamos que haremos una activa promoción de la abstinencia y el autocontrol como método de prevención del embarazo y realizaremos educación sexual, con el precepto natural y divino de “preservar la vida desde la concepción hasta la vejez”. Nos oponemos abiertamente todo tipo de aborto provocado.

Nuestro gobierno hará que el Estado proteja y fomente la integridad familiar y su desarrollo sano en lo físico, mental y espiritual, tanto de los cónyuges como de los hijos.

Antes que nada definamos que es propiedad .En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la Ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien.

El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería de fin la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada, y que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse

La propiedad privada, colectiva y la estatal están protegidas por la nueva Constitución Política del Estado los mecanismos que aplicaremos para defender la propiedad privada es la que nos franquea la Constitución, además de las leyes que protegen la propiedad privada, ya que nosotros creemos firmemente que la ley no se discute si no que se la cumple.

La Seguridad Jurídica en Bolivia nunca existió y nos preocupa de sobremanera la fragilidad de ella.

Siendo la vida uno de los elementos que sustentan la filosofía, ideología y política de Bolivia, Social Demócrata “Todos Somos Bolivia”, el respeto y protección de la misma y sus excepciones terapéuticas constituye una política de Estado. Por otra parte cualquier debate sobre el aborto constituye un debate sobre los efectos, siendo el aborto, el efecto, por lo que las políticas de gobierno deben estar destinadas a eliminar las causas del aborto. En consecuencias, Bolivia Social Demócrata “Todos Somos Bolivia” en el respeto y protección de la vida, propone fortalecer y proteger el núcleo básico de la sociedad, la familia, implementando políticas integrales de: educación, salud, empleo, etc. Entre estas, la implementación en la currícula educativa escolar, educación sexual que desarrolle el reconocimiento y protección del valor vida de la persona y proporcione información amplia y oportuna para este reconocimiento, respeto y protección, íntimamente relacionado a la salud vista desde su integralidad. En tanto se implemente estas políticas, es política de gobierno la protección de niños, brindando apoyo integral a sus madres.