La censura y la libertad de prensa

Fernando Valdivia Delgado

La reacción violenta de los campesinos de Hampaturi y La Cumbre contra el centenario periódico de Bolivia, EL DIARIO de La Paz, es uno más de los ejemplos que se puede mencionar sobre el comportamiento del Gobierno y sus aliados políticos frente a la prensa nacional y sus periodistas que, con enormes dificultades, hoy cumplen sus tareas profesionales con imparcialidad, independencia y veracidad.

Insistimos que en Bolivia, la censura previa está vigente y ha tomado cuerpo como un natural ejercicio cotidiano bajo la sutil máscara que oculta la presión sicológica, el “chantaje publicitario” o la velada amenaza procedentes tanto de algunas instancias gubernamentales, como de instituciones descentralizadas del sector público, lo cual hace patente el “principio o amenaza” que esgrimieron sus autoridades, cuando asumieron el mandato del poder político: “O están con nosotros o están contra nosotros”.

El derecho que tienen los ciudadanos para publicar sus ideas sin censura previa, además, forma parte de “las prácticas demagógicas que cotidianamente ofrece el Gobierno”, en un permanente escenario de campaña que utiliza a los medios que controla el mismo oficialismo y, de esta manera, oculta lo que efectivamente sucede en el ejercicio de su política informativa.

El presente período de gobierno, de hecho, ha convertido en una “limitante natural” contra la libertad de prensa e información en Bolivia, su plan de movilizaciones de los sectores sociales (SS). Esto significa que, a título del ejercicio del “periodismo responsable”, se mantiene un régimen de terror y amenaza constante contra la integridad física tanto de los medios privados, como de los propios profesionales de la comunicación social.

Las reacciones de esos sectores sociales contra el centenario periódico de Bolivia, EL DIARIO, por haber informado, en espacios racionalmente establecidos, sobre una manifestación de miles de vecinos paceños que protestaban contra la incontrolada corriente de corrupción, el desmedido incremento de impuestos y el desconocimiento de la Ley, en la administración del gobierno municipal de La Paz, se encuentran en esos márgenes que marcan los sistemas de información y gobernabilidad del municipio. La acción contra el Decano de la Prensa Nacional es el treinta y siete avo caso de violación a los derechos y libertades de información, pensamiento y comunicación que tenemos todos los bolivianos.

Este matutino a través de su historia ha sufrido más de una intervención por cuestiones políticas, como lo vivieron otros medios en la historia de Bolivia. Por ejemplo, el ascenso al poder político del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) provocó una acción contra la llamada “prensa rosquera”, que terminó con el cierre de los periódicos La Razón de La Paz y Los Tiempos de Cochabamba. El Gral. René Barrientos Ortuño, después del golpe militar de 1964, impuso un “período limitado de censura previa” y, en similar actitud, los generales Alberto Natusch Busch y Luis García Meza restringieron el derecho a la libertad de prensa e información.

En la actualidad, los regímenes de Cuba y Venezuela ejercen la censura y, por lo tanto, pensar y publicar el resultado del pensamiento, sin censura previa, está prohibido en forma directa y taxativa y, paralelamente, cuentan con sus propios medios informativos en las tres áreas de la actividad periodística.

Si consideramos que la democracia significa comunicación y difusión de ideas, como medio para alcanzar consensos y establecer equilibrios en el ejercicio del poder político, concluiremos que el tema de la restricción a las libertades fundamentales del ciudadano, significa la base sobre la cual Bolivia ha logrado el último lugar en la calificación del ejercicio democrático y la vigencia plena de las libertades ciudadanas en el mundo.

No es para vanagloriarse que hayamos ganado, en varias oportunidades, el campeonato de la corrupción y hoy alcanzamos un buen sitial como país menos democrático del mundo, en estos tiempos de ilimitado ejercicio del respeto a los derechos humanos y ciudadanos.