Postergación de negociaciones chileno - bolivianas
Aldo Luna Maceda
En Bolivia los partidos políticos están comenzando una lucha electoral enconada y la ciudadanía es asediada con la presentación de diversos programas y promesas electorales, que en cierto modo distraen la atención y perjudican la consideración de problemas muy importantes para el país. Uno de ellos es la negociación entre las Cancillerías de Chile y Bolivia, sobre el uso de las aguas del Silala por parte de Chile. El Gobierno ha hecho conocer las bases de un pre acuerdo, producto de las conversaciones iniciadas desde hace tiempo y cuyos resultados deben pasar por diferentes instancias para velar por los intereses del país, considerando su derecho propietario. Es importante que la ciudadanía conozca los pormenores de este pre acuerdo. Inclusive, para dar más transparencia a estas negociaciones, sería razonable convocar a un referéndum, deslindando así cualquier responsabilidad del actual Gobierno.
Por lo pronto la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha convocado al Canciller a un Informe Oral y en su caso sesión reservada por la gravedad del tema. Después deberá tomar conocimiento el Congreso Nacional. Por la proximidad de elecciones generales en Bolivia y Chile, es aconsejable entrar en un cuarto intermedio para tener un panorama más claro a fin de llegar a negociaciones que satisfagan a ambas partes, en especial a nuestro país que exige el pago retroactivo de 900 millones de dólares por uso de aguas del Silala desde 1908. Ante esta situación, Chile plantea pagar por el 50% de esas aguas, hasta que se determine si es un río internacional, pidiendo que ponga en funcionamiento aparatos meteorológicos y pluviométricos por el plazo de cuatro años. Chile pretende pagar por el Uso Compartido, que Bolivia no puede aceptar, porque indirectamente accede al derecho propietario de la mitad de esas aguas. Estos planteamientos Bolivia debe rechazarlos y pedir Arbitraje Internacional, al que tiene derecho, ya que las aguas del Silala nacen y tienen su curso en territorio boliviano. La Cancillería debe tomar en cuenta estos aspectos de jurisprudencia internacional.
Las duras experiencias entre Bolivia y Chile se remontan hasta 1879, cuando fuimos despojados de nuestro Litoral marítimo. En 1939 el presidente chileno Aguirre Cerda, estando en Arica, manifestó la intención de su país de desviar el río Lauca para el regadío del Valle del Azapa. La Cancillería boliviana en nota de 11 de julio de 1939 hizo conocer su reserva por tratarse de un río Internacional. El 29 de agosto de ese año se mandó otra nota sobre lo mismo. Chile contestó el 10 de noviembre manifestando que no es una desviación, sino el “aprovechamiento natural” de las aguas. En ocho años presidentes como Peñaranda, Villarroel, Monje Gutiérrez hasta Hertzog en 1947 siguieron sin definiciones y con reclamaciones constantes. Un 14 de abril de 1962 Chile ordenó el desvío del río Lauca.
Por tal hecho fueron interrumpidas las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, la que posteriormente reclamó a la OEA, donde la diplomacia chilena, como ahora con Miguel Inzulsa, enemigo de Bolivia, recurrió a maniobras diplomáticas para detener la reclamación boliviana, a todas luces justa. Así hubo el despojo del 50% de las aguas del río Lauca de curso internacional. Dura experiencia para la diplomacia boliviana y una alerta en relación con el conflicto por el Silala.
Ante estos hechos, Bolivia debe mantenerse en alerta, porque se está intentando la misma actitud. Por la presencia de recursos naturales como el agua dulce del Silala, el Salar de Uyuni con reservas probadas de Litio en 9 millones de toneladas, esta zona boliviana fronteriza con Chile, está en riesgo permanente. Por ello cual las FFAA de Bolivia no deben descuidar nuestra frontera y tomar los recaudos para preservar la soberanía del país.
