Por decisión de Corte Superior de Distrito de La Paz

Ex asesora de Santos Ramírez se benefició con libertad condicional

Ex presidente de YPFB, uno de los principales acusados de corrupción en esa entidad, permanece recluido en el penal de san pedro.

• Fallo fue emitido antes de la vacación judicial y recién se ejecutó ayer.

La Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, dispuso la libertad condicional de Esther Carmona, ex asesora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusada por presunta participación en actos de corrupción en la estatal petrolera en la gestión del ex hombre fuerte del gobierno, Santos Ramírez.

Carmona, quien estaba recluida en el Centro de Orientación Femenina, es imputada por la compra irregular de acciones de la empresa Full Industry y la conformación fraudulenta de Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA), con YPFB.

El vocal de esa Sala de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Ángel Aruquipa quién votó contra la cesación de detención, justificó que “analizando la resolución del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal existía riesgo de fuga y obstaculización en el proceso de investigación, sin embargo con el voto de la vocal Blanca Alarcón, Cardona obtuvo su libertad condicional”.

La ex asesora jurídica de YPFB y ex vicepresidenta de SIPSA, fue imputada y detenida preventivamente en abril pasado en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por indicios de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.

Al respecto, Freddy Cuentas Gutiérrez, abogado de Carmona, explicó que su cliente solicitó antes de la vacación judicial en el distrito de La Paz, una audiencia sobre apelación a la cesación de la detención preventiva de su cliente.

Para el efecto y en vista que el caso era con detención, se convocó a la vocal Alarcón para dirimir en la audiencia.

“En la audiencia, el fallo dirimidor fue a favor de mi cliente, pero lamentablemente no pudo cumplirse debido a la vacación judicial”, dijo.

Ese receso impidió la firma de la correspondiente resolución, por lo que se esperó la conclusión de las vacaciones para dar cumplimiento a este fallo, explicó.

CUMPLIMIENTO DE FALLO

En ese sentido, afirmó que ayer el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal procedió a emitir el mandamiento de libertad y cumplir con la medida cautelar de Cardona.

“En este caso se actuó con justicia porque tomando en cuenta que los otros coimputados se encuentran en la misma situación, entonces la Corte Superior de Justicia asumió los mismos parámetros para dejar que mi cliente se beneficie con la libertad condicional”, expresó Cuentas.

En el caso SIPSA, dijo que su cliente fue la última en ser detenida. Además el proceso pasó por varios juzgados, por recusaciones a jueces hasta llegar al Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal.

Asimismo, aseguró que durante los cuatro meses de detención de su cliente, no se pudo comprobar la participación de su defendida en los delitos que se le acusa.

En ese marco y con la libertad de Carmona, la defensa aportará con mayores elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por YPFB y del Ministerio Público.

A finales de febrero pasado, el presidente interventor de YPFB, Carlos Villegas, presentó “querella criminal” contra su antecesor Santos Ramírez por el caso YPFB-SIPSA, que también incluye a Ismael Gemio, ex gerente de Planificación de la estatal petrolera.

En este proceso también se incluye al viceministro de Desarrollo Energético; Esther Carmona, ex directora Legal de YPFB y estrecha colaboradora de Ramírez; además de Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, ex gerente de SIPSA, Rolando Aguado, Nilda Domínguez y Lucy Barbery.

El ex presidente de YPFB Santos Ramírez, está encarcelado desde el pasado 13 de febrero por peligro de fuga y obstaculización en las investigaciones dentro del caso de corrupción pública en la estatal petrolera que quedó al descubierto en enero, con el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, representante de Catler Uniservice, empresa que se adjudicó, por 86 millones de dólares, un contrato de construcción de una planta separadora de gas en la localidad cruceña de Río Grande.