Incautaciones: un misterio
Una denuncia sobre el robo de motorizados ha destapado un hecho de corrupción que tiene que ser esclarecido porque daña la imagen no sólo de los gobernantes sino del país. A medida que pasa el tiempo se comprueba que los responsables de esclarecer casos como el mencionado no toman cartas en el asunto o, sospechosamente, demoran las investigaciones. Se sabe que en el territorio boliviano cada mes son robados 410 vehículos y cada día 14, correspondiendo diferentes porcentajes a cada uno de los departamentos, pero los más afectados son Santa Cruz y La Paz. La Policía Nacional mediante la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE) recupera, según los policías, el 40 por ciento de los autos robados, pero los afectados aseguran que únicamente se recupera 20 autos robados, lo que significa un 0.4 por ciento. Otro problema es que no se sabe si todos los vehículos recuperados son devueltos a sus legítimos propietarios, pero el escándalo es mayor porque se ignora dónde están depositados esos motorizados. Al parecer autoridades de alto rango están involucradas, lo que justifica que instituciones internacionales hayan calificado a Bolivia como el subcampeón del mundo en corrupción.
El tema no es nuevo, siempre se cuestionó el accionar de las reparticiones estatales encargadas del control y cuidado de los bienes que se incauta por motivos de narcotráfico u otros, los que deberían ser depositados en lugares seguros y que no estén expuestos a los fenómenos naturales y menos a la gente. Se tiene que hacer un control efectivo, mediante los inventarios levantados, aunque esos listados pasado cierto tiempo desaparecen, igual que los objetos incautados. Se llega a extremos como la falsificación de documentos de propiedad de inmuebles incautados a los narcotraficantes, por lo que ante la falta de un documento que dé cuenta de la incautación, pasan a propiedad de quienes falsificaron los documentos de propiedad. Esta es una realidad, por falencias de los encargados de las instituciones responsables del control, resguardo y custodia de los bienes incautados, o por los cambios políticos que se dan en la administración gubernamental.
Si se recuperó más de 2 mil vehículos robados por año, la mayoría debió haber sido devuelta a sus propietarios, lo que no ocurrió, por lo que los no devueltos tienen que estar depositados en algún lugar. Como los policías no conocen el sitio de depósito, responsabilizan de esas anormalidades y otras a DIPROVE, a los jueces y fiscales, aunque la responsabilidad es compartida. Para evitar mayores especulaciones sobre este tema, las autoridades deben ordenar auditorias para conocer con exactitud cuánto y qué se incautó, dónde están esos bienes, además en algunos casos se trata de objetos de alto costo. Todo esto ocurre porque esas reparticiones públicas son consideradas como botines políticos, donde existen recursos que se los puede manejar al libre albedrío.
Los inmuebles y los vehículos incautados son los más apetecidos por aquellos que se apropian o usufructúan de lo ajeno. Gente que por circunstancias de la vida llegan a ocupar funciones de importancia en la administración pública, ocupa inmuebles incautados para convertirlos en sus viviendas. Lo peor es que con el uso se deterioran, pero no asumen la responsabilidad de arreglarlos e incluso llegan a aparecer como propietarios de los mismos, aprovechando la pérdida de la documentación original y la elaboración de otra fraudulenta. Esta práctica se la viene arrastrando desde gobiernos anteriores, por lo tanto no es novedad.
Se ha conocido denuncias sobre el uso que realizan policías, autoridades y políticos de los vehículos incautados al narcotráfico o los robados que fueron recuperados, que sus propietarios no los reclamaron por falta de información. Es el caso de un oficial de policías que se apoderó de una vagoneta robada en otro país, o el del automóvil robado que conducía el hijo de un fiscal asignado a DIPROVE El Alto. También políticos adquirieron autos de lujo robados en Brasil y Paraguay e internados a Bolivia. El escándalo fue controlado porque existía mucha gente comprometida.
Si realmente el Gobierno está en contra de la corrupción, tiene que esclarecer el tema de las incautaciones realizadas a narcotraficantes, así como el destino de los automóviles y objetos robados que fueron recuperados.
