Bolivia, 2 de julio de 2009
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Fin del ATPDEA para Bolivia

Contra todos los cálculos y deseos del gobierno del presidente Evo Morales Aima, la administración gubernamental de Estados Unidos negó la renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas a Bolivia, ratificando de esta manera la suspensión que fue dispuesta desde diciembre del pasado año, ante el incumplimiento boliviano en la lucha contra el narcotráfico, que tambien fue motivo para que nuestro país haya sido descertificado por el gobierno del país del Norte. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ante el vencimiento del plazo el 30 de junio para pronunciarse, informó que el presidente Barack Obama ha declarado que Bolivia no gozará de la preferencia Arancel cero, después de esa fecha, debido a algunas situaciones derivadas de sus leyes internas y su falta de colaboración en la lucha contra las drogas.

El fundamento para dejar a nuestro país sin ATPDEA es contundente, las autoridades no cumplieron con las tareas para una lucha efectiva contra el narcotráfico, por el contrario, las obstaculizaron. Sin duda que la expulsión del país de la DEA, agencia antinarcóticos de EEUU, anulando el trabajo de inteligencia para tareas de interdicción, es otro factor para el aumento de las hectáreas de coca ilegal en el territorio nacional, sobrepasando en un cien por ciento lo permitido legalmente, a lo que se suma la falta de seguridad jurídica tanto para nacionales como extranjeros. La determinación del gobierno de Barack Obama es un balde de agua fría para las aspiraciones del gobierno del MAS, que tenía la esperanza de que se levante la suspensión, considerando la visita que realizó un alto funcionario de USA al país. Cuesta creer que la Cancillería no sepa que esa sola presencia no evitaría la sanción. Además el ilustre visitante cumplía una de sus últimas tareas, porque fue destinado a un cargo diplomático.

La determinación estadounidense ha causado zozobra en los sectores empresariales y sindicales, porque muchas fábricas, grandes, medianas y chicas, además de talleres artesanales del sector manufacturero exportador, corren el peligro de cancelar sus operaciones ante el cierre del mejor mercado que tenían para la comercialización de sus productos, lo que implica millonarias pérdidas económicas y más desempleo. Como consecuencia los problemas sociales se agudizarán, la pobreza crecerá y también la delincuencia. Esta es la triste realidad, así las autoridades se nieguen a aceptarla.

En contraste con la desazón de los empresarios y dirigentes laborales del sector manufacturero, cuya principal fuente de ingresos es la exportación, el Gobierno resta importancia a la negativa de renovar el ATPDEA para Bolivia, manifestando que por “dignidad” no hubo acercamientos con el país del Norte, para buscar que se levante la medida de suspensión. Esta posición fue criticada por los afectados, que sostienen que dignidad es garantizar una fuente de trabajo a cada boliviano. Lo cierto es que el país es el gran perjudicado por la disposición del gobierno de Obama, restando a los gobernantes conseguir la apertura de los mercados que anunciaron cuando se produjo la suspensión de la referida Ley que favorecía al país.

Los otros tres países andinos fueron beneficiados. En el caso de Ecuador se dispuso un tratamiento preferencial, lo que le permitirá introducir al mercado de EEUU miles de productos. Colombia continuará favorecida con el ATPDEA en cumplimiento de la Ley aprobada por el Congreso estadounidense que concede 12 meses de beneficio, junto al Perú. Este último país además tiene suscrito un acuerdo de Libre Comercio con el país del Norte, por lo que desde todo punto de vista la gran perdedora es Bolivia, por la política de confrontación del Primer Mandatario, sin tomar en cuenta las consecuencias negativas de esa conducta, no sólo en relación con EEUU, sino con otras naciones como Perú, Brasil, Paraguay y otros estados de Europa.

Tales resultados negativos también son producto de la improvisación gubernamental, ya que por afinidades políticas, familiares y de amistad se recurre a gente sin experiencia ni formación profesional para llevar adelante las relaciones con otros estados. Finalmente el Ejecutivo cree equivocadamente que cambiando de embajadores o cónsules los problemas entre estados quedarán zanjados, pero los negocios y las relaciones externas tienen como base acuerdos suscritos en convenciones internacionales.

Para cambiar la mencionada situación, el Gobierno tiene que emprender una verdadera lucha contra las drogas y respetar los derechos de los ciudadanos, dejando de lado el racismo, la intolerancia, la discriminación y la persecución política, anteponiendo a todo ello la concertación y la conciliación de ideas, que conduzcan a solucionar los problemas que afectan al país. No es necesario asumir anacrónicas posturas político – ideológicas para congraciarse con el Presidente de Venezuela, que busca el control de la región, atrevimiento que a nada bueno conducirá.

 



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