Los cuantos generales
Juan Carlos Tapia Villarreal
Cuando a los militares en 1982 se les ocurrió entregar el poder en manos de la clase política, lo hicieron tan confiados que no advirtieron el catastrófico desastre al que estaban sentenciando a Bolivia. Era un período neoliberal de gobiernos sucesivos de diferente corte político, caracterizados por el desenfrenado culto a la corrupción y el empobrecimiento sistemático del país. Período accidentado de recurrentes crisis desestabilizadoras, poniendo en riesgo la permanencia y gobernabilidad de sus esquemas, cuya eventualidad obliga a apelar al escudo de las Fuerzas Armadas, como el expediente más dócil y manejable a sus propósitos.
Desde entonces la institución armada ha pasado por las peores condiciones e incómodas experiencias. Los Altos Mandos Militares aparecen en escenario, convertidos en la herramienta eficaz del manoseo institucional, mandos en corrupción, bailando al ritmo caprichoso y estimulante del poder político. El Estado pierde su relevancia, y son los intereses de los gobernantes la prioridad. El ingenio político toma su iniciativa, expone una remuneración de servicios traducidos en prerrogativas, dádivas, pluses, bonos y otros, con los que muy generosamente se premiará por las lealtades y servicios prestados, es el cebo de la atención de los mandos, asociados a la inescrupulosidad de la clase política, marchando en complicidad con la pésima administración y los abusos de inconstitucionalidad. Tales premios despertaron la sutil codicia y ansias de poder, apartándolos de sus normas y obligaciones de don de mando, tomando decisiones no sólo a espaldas del resto de la institución, sino que fueron extremadamente represivos, en contra de su propio pueblo, su razón de ser; jamás sus responsabilidades debían ser sobrepasadas.
Beneficios y prebendas salidos del Tesoro Nacional, fondos por concepto de Gastos Reservados, los mismos fueron despilfarrados en 25 años de corrupción, desmoronando convicciones y dignidades. El 30 de mayo de 2003 con el título “Qué hacen con la plata los generales de la democracia”, el semanario Pulso denunció con nombres y fechas, que durante los años 1990 – 2002, se repartieron 1.331 millones de bolivianos, con un promedio anual equivalente a 250 millones de dólares americanos, montos destinados a Defensa y Fuerzas Armadas -tres fuerzas-, que alcanzaron a 21 millones de dólares americanos, casi el 8.3% de ese total, montos en partidas ejecutadas por el Estado. Este prebendalismo se lo vino practicando desde 1982, creando una nueva oligarquía castrense, fracciones poderosas de enriquecimiento y privilegio en la institución armada.
Salvando, desde luego, excepciones, no contentos con lo anterior, no escatimaron en exigir bonos de regalías de producción, a los institutos y reparticiones militares de cada una de las fuerzas, servicios y corrupción reservada, bajo el ropaje de lealtad condicionada, distorsionando el fundamento principal del profesionalismo castrense. Además se coartó la moral suficiente para actuar y decidir correctamente, considerando que la institución ha sido y lo es, la reserva moral de la sociedad, pero con mucha aflicción decimos que no pudieron apartarla de los embates que atentaron contra su desenvolvimiento y prestigio institucional. En realidad los altos mandos mostraron lo poco o nada de amor y entrega institucional.
Hoy, cuando el presunto juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada avanza, se cita a declarar a los mandos que prestaron servicios en ocasión de ese gobierno, escuchándose un pretexto inadmisible, todo por deslindar responsabilidades. Es conocida y subalterna la respuesta de “sólo cumplimos órdenes”, cuando el código ético militar salvaguarda el principio de racionalidad reflexiva institucional, pues las “órdenes mal dadas, no se las cumple”. Fueron órdenes que avasallaron la tolerancia, el respeto a los «derechos humanos y ciudadanos»; órdenes que pusieron en riesgo a las Fuerzas Armadas, en los conflictos de El Alto de La Paz; quiénes establecieron el helipuerto en el Colegio Militar; quiénes ayudaron a cargar los millones de dinero sustraídos del Banco Central de Bolivia; quiénes protegieron y cooperaron en la fuga del ex Mandatario. Aparentemente, creemos que en esos momentos la gratitud desorientó el raciocinio.
El gobierno de Evo Morales tuvo a bien eliminar definitivamente del Presupuesto General los fondos de Gastos Reservados, con los cuales desde 1964 en adelante, muchos civiles y militares se enriquecieron, algunos grandes empresarios. Paradójicamente, han sido preservadas las mismas prácticas del pasado, con la diferencia de que los últimos mandos superiores próximos pasados fueron más avispados y francos en el sometimiento político y la adhesión a los supuestos premios de lealtad y subordinación.
La manifiesta cercanía y solidaridad hacia el poder político, con una adulación desmedida, ha sido muy perversa y destructora para los mandos superiores, que sólo mostraron falta de decoro profesional y una paranoia del poder. El Gral. Rojo decía: “la acción política y militar de un comandante o conductor es íntegra y de gran valor moral, si defiende con desapego el honor e integridad institucional, podría también defender la Patria; éste no se subordina y somete, es su capacidad rectora de mando, su deber y responsabilidad”. Y si la reflexión pudiera imponerse en los mandos castrenses, daría lugar al pronunciamiento incondicional del cumplimiento del deber y la moral militar, una sólida neutralidad frente a las acciones políticas de cualquier Gobierno, y firmeza frente al desatino que enfrenta y divide al país. Elevado es el costo y sacrificio por preservar la integridad institucional y la democracia nacional.
