El Presidente ahora despide a quienes denuncian corrupción

(Erbol).- El presidente de la República, Evo Morales, prometió hace algunas semanas respaldar a los funcionarios públicos que denuncien corrupción al interior de su gobierno; sin embargo, ese no es el caso del ex titular de YPFB Transporte SA, Gildo Angulo, quien, tras revelar presuntas irregularidades en la nacionalización de Transredes, fue despedido sin mayores explicaciones.

El Jefe de Estado, durante un acto público, instó a los trabajadores de base, a sólo sospecha, denunciar los actos de corrupción que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones los directores departamentales, directores nacionales, viceminsitros o ministros.

“Si ustedes sospechan que un director departamental, si un Viceministro o un Ministro está cobrando 10% o 5%, sin miedo denúncienlo compañeros y compañeras”, dijo en esa oportunidad el Primer Mandatario.

Sin embargo, este llamado del Jefe de Estado a los funcionarios públicos entró en contradicción en las últimas horas, cuando de forma inexplicable el Directorio de YPFB Transporte SA decidió la destitución de su presidente, Gildo Angulo, quien días antes había denunciado irregularidades en la nacionalización de Transredes, señalando como responsable de estos hechos a Carlos Villegas, principal ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Angulo afirmó que Villegas había promovido la nacionalización de la transportadora de hidrocarburos con un sobreprecio, ya que los accionistas de esta empresa tenían contenciosos tributarios y otras deudas con el Estado, que fácilmente podrían haber sido deducidos del monto que YPFB pagó por las acciones de Transredes.

El propio Presidente de YPFB, reconoció el martes que hubo tratativas con Shell y Ashmore, principales accionistas de la nacionalizada Transredes, para liberarlos de sus deudas tributarias con el fisco, a cambio de que dejaran sin efecto la demanda de arbitraje por mil millones de dólares en contra del Estado boliviano.

Al amparo de dos decretos supremos, aprobados el 16 de septiembre de 2008 y el 1 de octubre de ese mismo año, el Gobierno dispuso liberar de una deuda impositiva a las dos transnacionales por un monto de 50 millones de dólares, que ahora deberán ser cancelados al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por YPFB Transporte SA.