Destitución cuestionada
No causan sorpresa las denuncias sobre casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del actual Gobierno, las mismas que si bien causan malestar a los gobernantes, generalmente son desviadas y manipuladas para desorientar a la población y que no se conozca con certeza lo que realmente sucedió. Con excepción de los actos de corrupción cometidos por el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, las otras denuncias, aunque afectan la imagen de los gobernantes, no las toman en cuenta y, por el contrario, las minimizan, esperando que con el paso del tiempo queden en el olvido. El Movimiento Al Socialismo, partido de gobierno, prefiere aguantar la primera andanada de críticas y observaciones, responderlas si el caso amerita y en lo posible hacer aclaraciones que no desvirtúan las denuncias y si la oposición sigue tratando de afectar a los gobernantes, busca los “medios jurídicos”, por medio de las comisiones de la Cámara de Diputados, para inventar procesos judiciales y escarmentar a los que se atreven a actuar en contra de la administración gubernamental o no se someten a los designios masistas. Estos son los casos del Contralor de la República, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Ministra del máximo tribunal de justicia de la Nación, la Dra. Rosario Canedo y otros ciudadanos cuyo único pecado es actuar con probidad, pero que afecta a quienes gobiernan Bolivia.
En ese sentido, después de más de un mes de haber asumido la Presidencia de YPFB – Transportes el militar retirado Gildo Angulo, fue destituido de su cargo por el Gobierno, por haber tenido la valentía de acusar, el pasado viernes, al presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, de un manejo arbitrario de la empresa, además de autorizar la compra de Transredes por unos $us 250 millones, cuando las empresas que la administraban, Shell y Ashmore, debían unos $us 200 millones entre deudas al fisco y una multa por impacto ambiental, por un derrame de petróleo en el Desaguadero. Esta denuncia debió haber sido tomada en cuenta por el Primer mandatario y proceder a la suspensión de Angulo y Villegas de sus cargos para investigar y obrar como corresponde, sin precipitación.
Según un análisis y seguimiento, en YPFB están ocurriendo anormalidades desde que Morales Aima juró como Presidente de la República, lo demuestran los casos de los presidentes que pasaron por esa repartición estatal, como Jorge Alvarado, Manuel Morales Olivera y Santos Ramírez, los que fueron destituidos por irregularidades que cometieron. Pero con excepción del último de los nombrados, los anteriores no fueron sometidos a investigaciones y procesos internos del partido de gobierno, del cual son militantes con responsabilidad de dirigentes. Parece que YPFB es utilizada por los gobernantes como fuente de ingresos para solventar gastos del partido y otorgar puestos de trabajo a militantes con mucha influencia, así no sean profesionales o técnicos en la materia, sino improvisados en el sector.
Las denuncias en contra del presidente interino de YPFB no deben ser relegadas con el argumento de que se trata de una pelea personal entre denunciante y acusado. Si realmente el gobierno del MAS obra con transparencia tiene que esclarecer las irregularidades puestas en el tapete y no asumir determinaciones que hacen dudar de la probidad del Ejecutivo. Muchos bolivianos consideran que la destitución de Angulo es un ardid gubernamental para acallarlo y proteger a uno de los hombres fuertes del presidente Evo Morales, como es Carlos Villegas.
Los actos de corrupción que la autoridad destituida dice se cometieron en YPFB tienen que ser denunciados y puestos a consideración de la comisión correspondiente del Senado Nacional, para que tal instancia inicie una investigación. Este es el mejor camino porque la Cámara Alta no está contaminada con las arbitrariedades que cometen los legisladores masistas en Diputados, atenidos a que controlan las comisiones y comités de ese cuerpo legislativo, pues tienen mayoría parlamentaria. En todo caso tiene que haber transparencia.
El acusado rechazó la denuncia, pero reconoce que pagó 50 millones de dólares. Como surge la duda sobre si ese monto es el correcto, es necesario investigar para saber la verdad. No es sustentable el argumento de que con las denuncias y opiniones que surgen se quiere mellar la imagen de YPFB, puesto que si hay críticas es porque algo malo está sucediendo y es oportuno conocerlo, pero también es importante identificar a los responsables y someterlos a sanciones legales, para sentar un precedente en el país y sobre todo en el gobierno del MAS, acusado de fomentar este tipo de anormalidades.
