Solicitan informe sobre asignación de ítemes del Ejecutivo Municipal

El presidente del Concejo Municipal de El Alto, Enrique Ricaldi, informó que en la más reciente sesión del legislativo se aprobó el envío de una nota, para que el Ejecutivo dé explicaciones respecto al ítem para el chofer asignado al concejal Martín Apaza.

“Con toda la seriedad que merece el tratamiento de estos temas, lo que corresponde es que tengamos la documentación con la información oficial, por lo que se envió una nota para que nos informe sobre el asunto”, aseveró.

El sábado 23 de mayo, el vehículo oficial del municipio a cargo del concejal Martín Apaza sufrió el robo del cerebro electrónico, el cual fue reportado a la División de Propiedades y Robo de Vehículos (Diprove), lo que reveló la carencia de chofer para el citado concejal, pero de acuerdo con las investigaciones preliminares el ítem para ese cargo sí existe, pero el empleado estaría cumpliendo otras funciones en la misma o en otra repartición.

El alcalde Fanor Nava explicó que el caso sería sometido a una investigación, incluso para descartar que se trataría de la asignación de un ítem fantasma.

Por su lado, Ricaldi explicó que en el caso de los choferes sólo una concejal es la que con recursos asignados a su comisión cancela el salario por este ítem a una persona, pero que le resto son conductores asignados por el Ejecutivo Edil.

“El Concejo Municipal hará un análisis y de existir este tipo de presunciones es urgente su tratamiento. En el tema de personal se debe tener cuidado y básicamente los problemas referidos a ítems fantasmas”, dijo.

Asimismo, Ricaldi aclaró que en otros casos existe la incompatibilidad de funciones referida a que un funcionario no puede trabajar en dos lugares de una entidad pública y que no puede tener parientes hasta el cuarto grado de parentesco sanguíneo.

En otro tema, la autoridad informó que varias ordenanzas a la fecha no han sido cumplidas por funcionarios del Ejecutivo, aclarando que “toda resolución y ordenanza tiene carácter de norma local en el ámbito de la Ley de Municipalidades y que es de cumplimiento obligatorio”.

“En caso de incumplimiento se llega a procesos legales por incumplimiento de deberes y eso está tipificado en el Código de Procedimiento Penal (CPP), en casos extremos”, agregó.

Entre las ordenanzas que a la fecha no fueron cumplidas se encuentra la referida a la reglamentación de las tiendas comerciales, para que sus productos no sean expuestos en plena acera, como sucedería en varias calles de la Ceja.

Otra, estaría referida a que no existe un control ni responsables para la respectiva sanción a las personas que utilizan aceras, paredes y zonas públicas como mingitorios al aire libre.

Respecto al último caso, Ricaldi sostuvo que también esta normativa debería estar acompañada de una campaña de sensibilización para el cumplimiento del ciudadano.