Aguardan que Cámara Alta actúe en apego a la norma
Parlamentarios del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) esperan que la Comisión de Constitución del Senado actúe estrictamente en el marco de la Ley 2623 (para el juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial y Fiscal) en el proceso seguido al presidente suspendido de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández.
“Entiendo que el Senado ha tomado algunas determinaciones, esperemos que sea en el cumplimiento de esta ley especial (Ley 2623) para el enjuiciamiento de altas autoridades de la administración de justicia, al parecer no se ha constituido el tribunal pero ya se ha elegido al presidente de ese tribunal, ésta es una forma sui generis muy particular a la que nos ha acostumbrado (la oposición)”, expresó el presidente de la Comisión de Constitución y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, René Martínez, del MAS.
Martínez advirtió que se podría evidenciar una repetición y reiteración de uno de los juicios de responsabilidades, como lo sucedido en el caso de la magistrada Rosario Canedo, “donde se tuvo también una particularidad no en apego a los términos procedimentales sino más bien vulnerando procedimientos legislativos”.
Por su parte, el también diputado oficialista Jorge Silva corroboró las declaraciones de su homólogo Martínez y agregó que esperan ser notificados por la Comisión de Constitución del Senado para participar como fiscales en el proceso seguido al titular suspendido de la Corte Suprema de Justicia.
“Entiendo que han notificado en primera instancia como establece el Código de Procedimiento Penal a la parte denunciante; así también, deben notificarnos a nosotros que actuamos como fiscales y también a la parte denunciada”, explicó el legislador.
Advirtió que “al parecer ya existe una consigna política preestablecida para absolverlo y a la brevedad posible restituir en su cargo al magistrado”, expresó Silva, que reiteró que los diputados del oficialismo no declinarán en su accionar y participarán del juicio como fiscales, para sustentar la acusación sobre el delito de retardación de justicia en el que ha incurrido la autoridad judicial.
