Parlamentarios cruceños

Acusan al fiscal Sosa de actuar al margen de la ley

Fiscal Marcelo Sosa.

Santa Cruz, (EL DIARIO).- El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, calificó de ilegal la intención del fiscal Marcelo Sosa, quien dirige las investigaciones del supuesto terrorismo, de notificar a las 26 personas que incluyó en este proceso.

El parlamentario afirmó que según la ley, esa disposición no corresponde por lo que los afectados tiene el derecho de “revelarse y no acatar esas notificaciones”.

Urenda respaldó sus declaraciones aduciendo que las autoridades judiciales de Santa Cruz calificaron de irregular ese procedimiento, que otorga a los incluidos en este grupo, el derecho de no asistir a esas citaciones.

El diputado aseguró, que la Brigada Parlamentaria Cruceña recurrirá a las instancias jurisdiccionales correspondientes para impedir la orden de aprehensión de esas personas, que pudiera emitir el fiscal Sosa.

“Vamos a exigir el cumplimiento de los procedimientos establecidos, porque estas personas deben ser citadas e investigadas por un fiscal cruceño y llevados ante un juez natural de la ciudad de Santa Cruz”, dijo.

“Los cruceños no permitirán que se atropellen las leyes y estas personas sean trasladadas políticamente, al campo de concentración instalado en la ciudad de La Paz”, agregó.

“Exigimos que vengan organismos internacionales a participar en las investigaciones de unos hechos luctuosos más oscuros, como fue el asesinato de tres ciudadanos, en el operativo policial antiterrorista del pasado 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz”, afirmó.

“Demandamos al Gobierno a dar respuestas, sobre el porqué murieron acribillados esos ciudadanos en un hotel, cuando habían agentes del Ministerio de Gobierno vigilando a los sospechosos y cuando la Policía había establecido un seguimiento previo. Entonces podían detenerlos y obtener informaciones reales y con mayores elementos en un juicio”, sostuvo.

En este contexto, aseguró que la Brigada Parlamentaria Cruceña, seguirá de cerca el proceso para evitar que los cruceños y autoridades sean amedrentadas y amenazadas con cárcel, además de quitarles sus bienes a través de un decreto.