Postergan por un mes informe final sobre violencia en Sucre
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados postergó por un mes la presentación del informe final sobre las investigaciones de violación de normas fundamentales de campesinos en la ciudad de Sucre el 24 de mayo de 2008.
En el documento se constató algunos vacíos y observaciones de forma, según informó la presidenta de esta instancia congresal, la legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Elizabeth Salguero.
“Se amplió por un mes, en el cual todos los elementos que hasta ahora hemos identificado tendrán mayor consistencia”, explicó la parlamentaria al indicar que también estarán incluidos los informes de Inteligencia, la apertura de proceso por el ex Comandante de la Policía y también los certificados médicos que han presentado las víctimas de los sucesos.
Argumentó que se desdobla las responsabilidades que corresponde a cada una de las personas incluidas en el requerimiento camaral final, para de esa manera, se pueda realizar conclusiones completas y argumentadas para abrir un proceso contra los implicados en los hechos de mayo del 2008.
La legisladora reiteró que pedirá la apertura de una investigación en el ámbito penal contra autoridades chuquisaqueñas, entre ellas la prefecta Savina Cuéllar, la alcaldesa Aidée Nava, Fidel Herrera, Fernando Rodríguez, Tomasa Yarwi, Lourdes Millares, Gonzalo Porcel y Donata Terrazas, además de John Cava y Jaime Barrón, sobre todo este último por haber violado el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana y la de San Francisco Xavier.
“La Comisión es cabeza de Ministerio Público a partir de la resolución de junio del año pasado, entonces nosotros tenemos la misión justamente de recaudar todos estos elementos, y fundamentalmente, llamar a los y las parlamentarias a no escudarse en su inmunidad y vengan a prestar declaraciones y coadyuven a establecer las responsabilidades de estos actos violatorios a los derechos humanos”, dijo.
Estos criterios fueron compartidos por el también oficialista, Jorge Silva, quien agregó que si bien amerita un “profundo homenaje” a los pueblos indígenas, originario campesinos que fueron objeto de vejámenes, insultos, discriminación, racismo y toda clase de vituperio, por parte del Comité Interinstitucional de Sucre; no obstante, la discriminación y humillación no debe quedar en la impunidad.
“Esperemos que la Comisión de Derechos Humanos pueda brindar un informe para que se abra un proceso en contra de parlamentarios y autoridades que han estado incitando y que son cómplices para que se haya llegado a esos extremos en pleno siglo XXI en contra de seres humanos”, opinó Silva.
Según el reglamento, una vez que se apruebe el documento en la Comisión de DDHH, éste será remitido al pleno de la Cámara Baja, siguiendo el procedimiento legislativo para esperar su aprobación o no del trabajo que fue elaborado durante aproximadamente 11 meses por los congresistas oficialistas y opositores.
Además se remitirán copias de todo lo obrado a las autoridades pertinentes para que se continúe con el proceso ya iniciado contra los ciudadanos Yamile Pirco y Roberto Lenin.
Dentro del informe, también se hará la recomendación a las autoridades nacionales, departamentales y locales respecto a la mayor promoción de actividades de capacitación y difusión en materia de derechos humanos.
El 24 de mayo de 2008, un grupo de campesinos, fue humillado y vejado públicamente en la plaza 25 de Mayo. A los ciudadanos del área rural se los golpeó, insultó y obligó a cantar el Himno a Chuquisaca.
El domingo, recordando un año de ese oscuro acontecimiento se llevó adelante una marcha de desagravio por los sucesos. En la ciudad de Sucre se congregaron alrededor de 600 campesinos que pidieron respeto.
Por estos hechos, incluso el Gobierno dispuso a través de un Decreto Supremo que el 24 de mayo sea declarado el Día Nacional Contra el Racismo.