Condenan amenazas a residentes peruanos y el Gobierno justifica

Javier Murillo de la Rocha

• Ex Canciller exhorta al Ejecutivo a tomar los cuidados necesarios para garantizar la seguridad de misiones diplomáticas como consulares en el país.

Las amenazas de expulsión contra ciudadanos peruanos residentes en la ciudad de El Alto y autoridades de ese país, recibieron ayer la crítica del ex canciller de la República, Javier Murillo de la Rocha, quien aseveró que Bolivia está obligada, a raíz de acuerdos internacionales, a salvaguardar la seguridad de las misiones diplomáticas y consulares asentadas en territorio boliviano.

En contraste, el embajador plenipotenciario de Bolivia en Naciones Unidas, Pablo Solón, sostuvo el fin de semana que la amenaza de Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) de expulsar al Consulado peruano de Bolivia, es una manifestación de indignación por el asilo político otorgado por el Gobierno peruano a tres ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusados por la masacre en octubre de 2003.

“Lo que hay en El Alto es una manifestación justa de indignación por la actitud del gobierno de Alan García, que ha dado asilo y refugio a funcionarios de Sánchez de Lozada que están procesados por delito de lesa humanidad y contra el Estado, hecho que no correspondía, porque según la propia normativa del Perú no se puede dar refugio o asilo a alguien que legalmente está siendo procesado” dijo.

El viernes 22 de mayo, dirigentes de la Fejuve visitaron al cónsul peruano, Czibor Chicata, amenazándolo con expulsar junto a todos los ciudadanos de su país, si no se revoca el asilo otorgado a los ex ministros Mirtha Quevedo (Participación Popular), Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico) y Javier Torres Goitia (de Salud).

De la Rocha, en entrevista con EL DIARIO, afirmó que los acontecimientos deterioran aún más las ya tensionadas relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia.

Recordó que el país debe acatar el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas, que obliga al Estado receptor, en este caso Bolivia, dijo, a dar las garantías más amplias para el buen y normal funcionamiento en condiciones de seguridad a las misiones diplomáticas como consulares.

“Esta es una obligación de todos los Estados y son obligación que demandan de la Convención de Viena. Es el Estado boliviano el que tiene que asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad y el normal desenvolvimiento de las misiones diplomáticas y consulares”, puntualizó.

De acuerdo con el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, parágrafo segundo, aprobado en 1961, “el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

El artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobado en 1963, al respecto indica: “el Estado receptor deberá tratar a los funcionarios consulares con la debida deferencia y adoptará todas las medidas adecuadas para evitar cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”.

En ese contexto, el ex Canciller aseveró que espera que el país tome los recaudos necesarios para evitar cualquier acción que contravenga la Convención de Viena, por tratarse de un documento de aplicación universal.

Por su parte, el canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, declaró a la agencia Andina que pidió protección, en general, para “todos los peruanos que residen” en la ciudad de El Alto, para “que esta situación no se descontrole ni pase a tener consecuencias”.

RELACIONES DETERIORADAS

Asimismo, la ex autoridad consideró que las relaciones entre Perú y Bolivia atraviesan por una crisis sin precedentes debido a que los diferentes gobiernos de turno priorizaron las relaciones con el vecino país por tratarse de una nación estratégica para el país, tanto del punto de vista político como económico.

“Hay que tomar decisiones con un enorme cuidado. La verdad es que las relaciones con el Perú deben protegerse, deben cuidarse y fomentarse, y liberarse de cualquier tipo de fricción porque son muchos los vínculos, no sólo históricos, sino comerciales, que nos unen. Una relación tan larga que hacen que nuestra relación con Perú tenga una importancia estratégica incluso”, advirtió.

De la Rocha consideró, además, que el conflicto político con el Perú debe ser saldado estrictamente por la vía diplomática, y para ello –sostuvo- existen los canales e instrumentos diplomáticos.

“Las relaciones entre estados las conduce el Jefe del Estado, el Presidente; pero, a través de los órganos llamados a los efectos que son las cancillerías. Son los canales responsables para ejecutar la política exterior de un país, por lo tanto, eso no algo que pueda obviarse”, rescató.