La SIP en Bolivia

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique Santos Calderón, arribó, junto a una comisión especial, a territorio nacional, para participar de una reunión con el primer mandatario Evo Morales Aima, cita que se cumplirá en Palacio de Gobierno y por iniciativa del Jefe de Estado, donde se abordará temas referidos a la libertad de expresión. Este encuentro es calificado como muy importante, porque el representante de la SIP hará conocer la preocupación de su institución por las agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación, la discriminación de la que son objeto los comunicadores bolivianos por parte del Presidente de la República, que había cancelado las ruedas y conferencia de prensa para los periodistas bolivianos, tomando en cuenta solamente a los comunicadores de las agencias internacionales acreditados en el país. Estos y otros abusos soportan los trabajadores de la prensa y los medios a los que pertenecen.

Sin duda Morales Aima aprovechará la oportunidad para hacer conocer sus quejas y no se descarta que se presente como víctima de ataques de los periodistas y sus medios, por el hecho de publicar todo aquello que el Gobierno considera que afecta a la gobernabilidad, además de otras quejas que seguramente saldrán durante el encuentro. Esta reunión tiene mucha importancia, pues revelará por qué el MAS desde la asunción al poder viene ejercitando un sistemático ataque a la libertad de expresión y sobre todo la violencia está dirigida contra quienes trabajan en los medios de comunicación. Además se pretende la confiscación de los medios de comunicación que estén relacionados con las acciones de un supuesto grupo terrorista, cuyos miembros fueron abatidos en un operativo realizado por las fuerzas policiales el 16 de abril pasado.

La administración gubernamental ha puesto en práctica una política de enfrentamiento contra toda aquella persona jurídica o natural que se muestre contraria, contestataria o no comulgue con su ideología y forma de gobernar. Por esa razón se puso en ejecución campañas de amedrentamiento y amenazas en contra de la Iglesia Católica, los comités cívicos y prefectos de los departamentos, donde la oposición ganó en las justas electorales pasadas, así como contra el Poder Judicial, resaltando los ataques a los ministros por diferentes causas que generalmente no se justifican, por los movimientos y organizaciones sociales que no son afines al partido de gobierno. También es cuestionado el trabajo que cumplen los legisladores del oficialismo, llegándose al extremo de movilizar grupos de campesinos para cercar el edificio donde funciona el Congreso y presionar para la aprobación de las leyes que el Ejecutivo considera son importantes para garantizar la “gobernabilidad”. Pero los más afectados con el accionar gubernamental fueron los periodistas y los medios de comunicación privados ajenos al pensamiento y accionar masista.

Pese a los constantes desmentidos y justificaciones del vocero gubernamental, sobre los ataques y agresiones a los medios de comunicación por parte del gobierno del MAS, el Ejecutivo prosiguió con su accionar para devaluar el trabajo imparcial y objetivo de la prensa, por el simple hecho de que el llamado cuarto poder del Estado informaba en sus ediciones diarias sobre los errores que cometían los gobernantes, sobre todo cuando se destaparon actos de corrupción cometidos por altos dirigentes del MAS, como también por importantes autoridades de la administración pública, comprometidos con la autorización del ingreso a territorio nacional de 33 camiones cargados con mercadería de contrabando, o las irregularidades descubiertas en YPFB, los delitos de cobro de comisiones por la adjudicación de construcción de obras, volteos, asesinato, contratos lesivos al Estado y otras ilicitudes cometidas por masistas, sin dejar de mencionar la venta de avales, nepotismo, acumulación de cargos en la administración pública, negociados y otros que son de conocimiento de la ciudadanía y sobre todo de los gobernantes, que se limitan a dejar pasar el tiempo.

El supuesto pecado de los periodistas y los medios de comunicación es haber informado de todas las irregularidades y malos manejos que cometió y comete el Gobierno. Pero como prensa independiente y libre no puede estar sometida a los avatares de masistas que un día propalan su respeto a las instituciones del Estado y poco después cambian de opinión, haciendo lo contrario. El Gobierno de Morales Aima cometió graves agresiones y atentados contra los periodistas y los medios de comunicación y lo peor es que ahora ha revelado su pretensión de obtener el control total de los tres poderes del Estado, tratando de ampliar su dominio sobre la propiedad privada, lo que está originando el avasallamiento de bienes particulares, primero por un denominado grupo de loteadores identificado como los “sin techo”, posteriormente por comunarios que tomaron por la fuerza minas y yacimientos mineros en plena explotación, expulsando a sus legítimos dueños, como también de casas y haciendas, sobre todo de aquellos ciudadanos que se muestran contrarios al régimen gubernamental masista.

En la reunión de la SIP con el Jefe de Estado boliviano, los representantes de los periodistas y de los medios de comunicación conocerán el criterio de Morales Aima respecto a la libertad de expresión y las razones por las cuales la administración gubernamental está ejercitando una política de confrontación con este sector de la sociedad, así como los motivos para la pretendida confiscación de medios, y el proceso judicial instaurado a un medio de comunicación. En ese encuentro el Primer Mandatario no debe recurrir al doble discurso al que está acostumbrado, tiene que ser claro y específico sobre el porqué de los ataques y agresiones a los trabajadores de la comunicación y a sus fuentes de trabajo.

Los ejecutivos de la SIP tienen que mostrar su preocupación por los más de 200 ataques y agresiones a los periodistas y medios de comunicación, con saldo de un muerto, así como la organización de grupos de choque para evitar el trabajo de los comunicadores, la discriminación que el Ejecutivo ejercita en contra de los medios de comunicación, negándoles la información a la que todos los bolivianos debemos tener acceso. Es de esperar que a la conclusión de la reunión el Gobierno reconozca sus errores y cambie de actitud, para hacer de Bolivia el país mejor informado y donde se respeta la libertad de expresión.