Observan presunta comisión de delitos en decisión de la CNE

Oruro, (EL DIARIO).- La decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) de contratar a una empresa privada para que se haga cargo de todo el proceso de empadronamiento, contiene una serie de contravenciones al Código Electoral y la comisión de delitos de orden público, afirmó ayer el presidente de la Corte Departamental Electoral de Oruro, David Apaza Cossío.

Manifestó que identificó varias violaciones al Código Penal; por ejemplo el artículo 115 del Código Penal que refiere a la violación de secretos, obviamente agravado con la condición de funcionarios públicos.

Mencionó que la Corte Nacional Electoral presuntamente estaría incurriendo en el delito de revelación de secretos colocando los datos confidenciales de los ciudadanos contenida en una base informática, lo que constituye un atentado a la seguridad jurídica de las personas.

Indicó que también está la comisión del delito de instigación pública a delinquir, por cuanto se hace uso de poder para burlar la ley o no obedecerla; el Código Electoral es incólume en este sentido cuando instruye que las cortes departamentales deben sujetar sus actos conforme a la ley y la jerarquía constitucional, de las nomas.

“Al margen de lo señalado anteriormente, se incurre en asociación delictuosa por cuanto se estaría instigando a las cortes departamentales electorales a cometer excesos y violaciones al Código Electoral, además se incurriría en lo que el Código Penal tipifica como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, afirmó.

Aclaró que en el marco jurídico no se contempla la figura de adjudicar a terceros todo el proceso de empadronamiento, en este caso se estaría violando el Código Electoral y al no estar conforme a ley se está preparando una estructura que en cualquier momento podría desmoronarse y podría determinar una anulación total del proceso electoral.

Recalcó que ante argumentos que se esgrime sobre el proceso electoral de diciembre de la presente gestión, estaría en riesgo el referéndum por las autonomías y obviamente todo lo que viene como actividades electorales del futuro.

Dijo que la solución es bastante sencilla: que la Corte Nacional Electoral debe dejar sin efecto la licitación pública de "Llave en Mano" y contrate simplemente a una empresa nacional e internacional.

Añadió que esta empresa sólo debe ocuparse de entregar los equipos para la detección de los datos biométricos, además de la parte del software correspondiente y la asistencia técnica para la manipulación y revisión de los equipos, para que estos no fallen en su debido momento.

Resaltó que las cortes departamentales electorales deben actuar conforme a lo que establece el Código Electoral, en los casos del proceso de empadronamiento contratando al personal pertinente y realizando los actos relativos al trabajo que es base del sistema democrático nacional.

“Estas actividades a realizarse deben estar sometidas a las normas y disposiciones constitucionales la ley del régimen electoral”, enfatizó Apaza.

Agregó que en base a estas observaciones la Corte Departamental de Oruro ha planteado una forma de trabajo que no fue comprendida por las autoridades de la CNE, porque siguen incólumes en su decisión de privatizar todo el trabajo en manos privadas atentando contra la seguridad ciudadana.

Indicó que una empresa privada manejará los datos de los ciudadanos, mismos que tienen carácter confidencial.

Subrayó que lo actos del proceso de empadronamiento nuevamente se encaucen en la vía correcta y jurídica y de cumplimiento de la ley. “Porque la Corte Departamental de Oruro quiere que el proceso de empadronamiento tenga una base sólida y pueda permitir que el ciudadano boliviano cuente con un padrón confiable y además legal”.

Se debe tener la seguridad plena que los datos de los ciudadanos estén siempre preservados con la responsabilidad de quienes custodian estos datos. "Vale decir que si algún ciudadano se entera que sus datos fueron divulgados ya sabe quiénes tienen los datos y (quiénes son) presuntos culpables".

El prefecto del Departamento de Oruro, Alberto Luis Aguilar Calle, dijo que la empresa privada deberá responder a un contrato privado y ayudar a mejorar el padrón electoral, por lo tanto se preguntó: ¿de qué habría que cuestionar a una empresa que establecerá una responsabilidad?.

Ante la pregunta de que esta empresa rompería la autonomía de la Corte Nacional Electoral, Aguilar Calle respondió: "no creo, no creo, si hay un control de parte de ellos (la empresa) justamente para hacer un seguimiento técnico a la empresa, me parece que no habrá dificultad".

Al Prefecto de Oruro le pareció una exageración las declaraciones del presidente de la Corte Departamental Electoral de Oruro, David Apaza Cossío, cuando habló de que el nuevo padrón en manos de una empresa privada tendría observaciones.