Oficialistas piden explicaciones a Perú por asilo a ex ministros

El Movimiento Al Socialismo (MAS) insistió ayer en pedir explicaciones al Gobierno peruano por el asilo a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes deben asumir defensa por los sucesos de octubre de 2003 en el juicio de responsabilidades que empezó el lunes 18 de mayo en la ciudad de Sucre.

Ricardo Dïaz, senador oficialista aseveró que no procede el asilo político, de acuerdo a la Ley 27840 (12 de octubre de 2002) del Perú y la cual es utilizada por las ex autoridades para permanecer en el vecino país.

“Yo tengo en mis manos la Ley 27840 y vamos a reiterar el artículo que interesa a la improcedencia del asilo y por lo tanto estamos pidiendo que se responda claramente a este tema, Artículo 6: «No podrá otorgarse asilo a persona que se encuentre culpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes o que haya cometido delitos contra la paz, terrorismo, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad definidos en los instrumentos internacionales» ”.

En ese contexto, Díaz pidió de “forma fraterna” al gobierno del presidente Alan García quitar el estatus de asilo político a los ex ministros Javier Torres y Mirtha Quevedo, además, de Torres Obleas para que sea la justicia boliviana la que juzgue a estas ex autoridades por su proceder en los hechos de octubre.

“Estamos seguros de que, revisada la documentación que tiene en sus manos ahora el Perú, tendremos otro tipo de respuestas, pero reiteramos nuestra denuncia. Estamos ante una estrategia de orden internacional protagonizada por don Gonzalo Sánchez de Lozada con la finalidad de minimizar este juicio de responsabilidades que en nuestro criterio es histórico”, manifestó.

“CHICANAS”

Díaz lamentó, por otro lado, que los ex ministros de Sánchez de Lozada recurran a “chicanas” para retardar el juicio de responsabilidades instalado en su contra.

“Esta es una ‘chicanería’; es una ‘chicanería’ la ejercitada por don Gonzalo Sánchez de Lozada, que a través de su abogada ha señalado que esta es una persecución política. Entonces nosotros pedimos de manera pública a la comunidad internacional que puedan respaldar a la justicia boliviana porque los bolivianos estamos buscando esto: justicia y solamente justicia”, insistió.

Sánchez de Lozada es acusado por genocidio por la muerte de más de 60 personas en la ciudad de El Alto, tras una manifestación antigubernamental en contra de la exportación de gas por puertos chilenos hacia Estados Unidos. La refriega también dejó como saldo más de 400 heridos. El ex Presidente renunció a su cargo, por presiones políticas y sociales el 17 de octubre de 2003.

El lunes, la Corte Suprema de Justicia declaró en rebeldía al ex Mandatario y a seis de sus ex ministros, tres de los cuales se encuentran en Perú en calidad de asilados políticos.

La imputación contra las ex autoridades comprende delitos de homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, allanamientos, atentados a la libertad de prensa y resoluciones contrarias a la ley.