Acerca de un acuerdo con Chile
Alrededor de 12 años transcurren desde que nuestro medio de comunicación alertara que las aguas de los manantiales Silala drenaban artificialmente a territorio chileno, sin compensación alguna a nuestro país. El Gobierno de entonces revirtió la concesión que la prefectura de Potosí había otorgado a comienzos del siglo pasado a Bolivian Railway Company, la que administraba el Ferrocarril a Antofagasta y que utilizaba dichas aguas para el funcionamiento de sus locomotoras. Dicha Compañía dejó de hacer uso de esas aguas cuando cambió a diesel la combustión de sus máquinas, pero hace muchas décadas Chile viene aprovechando el líquido elemento que, a razón de 300 litros por segundo, surte a unas tres ciudades del otro lado de la frontera y a la famosa mina de Chuquicamata.
Después de distintas tratativas sobre una compensación a favor de Bolivia, el tema derivó en la llamada agenda de 13 puntos, dentro de la cual se lleva a cabo una reunión en La Paz entre una comisión de la cancillería chilena y una contraparte nacional presidida por el vicecanciller Hugo Fernández. El acuerdo contempla un pago transitorio, mientras técnicos de ambos países efectúen estudios que permitan determinar si se trata de un río internacional o se descarta esa hipótesis. Expertos del tema consideran que estamos ante una estratagema dilatoria y coinciden en que en la cancillería cursan sendos estudios ilustrativos de que las aguas denominadas Silala son manantiales o bofedales nacientes y que discurren en territorio boliviano, pero que mediante obras de canalización se embalsan hacia Chile. Esta última conclusión puede ser observada objetivamente in situ, por lo cual se hacen innecesarios nuevos estudios.
En concreto a nivel de cancillería y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso se habría aceptado un período transitorio de pago de 15.000 dólares día por concepto del 50% de este recurso natural renovable. Estaríamos nuevamente ante una figura de "medianería" –de triste recuerdo histórico como origen de la invasión de los territorios marítimos de Bolivia en el Siglo XIX- que deja vislumbrar que la diplomacia santiaguina se empeñará en sostener que tratándose de aguas internacionales o de un río de curso sucesivo, le pertenece el 50% del mismo. Este abono no tendría carácter retroactivo, empezando a correr desde la firma del convenio pertinente.
Lo que corresponde sobre la base de lo anterior, es que Chile reconozca un monto global por el uso de las aguas que ha venido haciendo, aspecto que no estaría contemplado al presente y que admita que son aguas bolivianas en el 100%, tal como está comprobado. Tanto el pago retroactivo como la cuota por día deben acordarse sin pretensiones desmesuradas, en las que vienen insistiendo algunas personas a título de expertos o que algún movimiento cívico o social se interponga con exigencias fuera de la realidad, malográndose en uno u otro caso un acuerdo que bajo dichas condiciones puede gozar de aceptación. Existen experiencias en relación con el aprovechamiento de otros recursos que no pudieron concretarse por exigencias similares, con grave perjuicio de los intereses nacionales y de las regiones comprendidas.
