Atentado a la institucionalidad

El gobierno del presidente Evo Morales Aima parece estar dispuesto a copar las instituciones tanto públicas como privadas, para controlarlas y regentarlas. La demostración más patética de esa pretensión es el Decreto Supremo 0100 de 29 de abril de 2009, por el que se dispone que el Ministerio de Justicia elaborará, actualizará y tendrá bajo su cargo un Registro Público de los abogados del país. En dicho registro se incluirá a los profesionales recién titulados, así como a los que se hubieran titulado y matriculado en anteriores gestiones o que estuvieran registrados en algún Colegio de Abogados constituido hasta la fecha. Esto significa que tanto el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia como los colegios departamentales pasan a segundo plano, restándoles a los abogados de todo el país el derecho que tienen a la libertad de reunión y asociación, establecida por el numeral 4 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado en actual vigencia. El Artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que toda persona tiene derecho a asociarse...

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