Corrupción y prebendalismo

Eric Cárdenas del Castillo

Entre los males sociales que están afectando el normal desarrollo de la vida ciudadana está el de la “corrupción”, entendida como la conducta o acción, individual o colectiva, de características de ilegalidad, inmoralidad, dañina, pervertida, abusiva, en descomposición ética, etc. Resulta uno de los peores males que puede sufrir una sociedad organizada, cuando esta conducta tiende a generalizarse.

Entre las causas que originan la corrupción está la pérdida de autoridad de quienes están llamados por ley a hacer cumplir las leyes, y a cumplirlas, como son los administradores del Estado en sus órganos o poderes; la anomia, entendida como la flexibilidad en el cumplimiento de las normas o la oscuridad de éstas; la pérdida de respeto y credibilidad de la sociedad en sus autoridades y entre otras muchas causas la “politiquería”, entendida como el uso y abuso del poder político, donde a los que están del lado de los gobernantes de turno, se les permite todo.

Precisamente uno de los comportamientos colectivos de la sociedad boliviana es la de votar en las elecciones generales para Presidente, Vicepresidente y miembros del Legislativo (ahora Asamblea Plurinacional), contra los candidatos o partidos acusados de inmoralidad política, y no como debería ser, votar programas de gobierno, resultando a veces que se vota “a ciegas”, es decir por quienes no se conoce y pueden ser más dañinos que los censurados por el voto.

La corrupción política de los administradores del Estado es la que más afecta a los intereses de la sociedad organizada en Estado, pues éstos hacen mal uso del “poder” que les confiere la ciudadanía para gobernar bien en beneficio de toda la comunidad nacional, pero estos malos administradores sólo ven sus intereses personales, partidistas o de grupo. También es corrupción asumir delicadas responsabilidades en el manejo de la “cosa pública”, sin tener los conocimientos profesionales o técnicos para una gestión idónea, pues los errores por ignorancia hacen daño a los intereses colectivos, peor aún de una sociedad pobre como la boliviana.

Es corrupción engañar, mentir, falsear, desacreditar, insultar, agredir, perseguir, etc., aprovechando los mecanismos del poder político, para pretender imponer decisiones caprichosas fuera de la realidad y de lo que prescriben las leyes, afectando los derechos civiles, ciudadanos y humanos de quienes piensan distinto en asuntos del Estado, corrompiendo para ello la conciencia de jueces, fiscales, comunicadores, funcionarios, etc., mediante la “prebenda”, es decir la otorgación de beneficios económicos o de otra índole, a cambio de servicios o acciones de dudosa legalidad o moralidad.

La corrupción como mal social no sólo es el enriquecerse a costa del Estado o de intereses ajenos, está en todo acto o conducta que vulnera principios éticos, legales y de trato social y como un cáncer va creciendo en la sociedad, pues la búsqueda del enriquecimiento rápido y fácil hace que algunos individuos se introduzcan en varios partidos políticos, sólo para acceder al poder y beneficiarse personalmente. La corrupción como estado de “descomposición” se encuentra en la conciencia de los individuos y sólo se la ve cuando éstos actúan o sus actos son descubiertos.

En el decurso de nuestra historia política, la “clase política” entendida como la conformada por ciudadanos que han ejercido funciones de poder político y moral, en su mayoría estuvo conformada por “gente de bien” y la excepción los malos dirigentes y ésta debería seguir siendo la norma de costumbre. Toda sociedad requiere para su desarrollo ser dirigida por sus mejores y más capaces hijos, pero en la actualidad a título de “inclusión”, ocupan delicadas funciones individuos “ignaros” en la Ciencia de la Administración del Estado y en las diversas especialidades que hacen a esa administración.

Como parte del actual estado de descomposición social y ético, tenemos la destrucción de las instituciones republicanas, que como el Tribunal Constitucional, la Corte Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, entre otras, han sido o descabezadas o tomadas por individuos al servicio del poder político, de tal manera que no contamos con un mecanismo jurídico de “control de constitucionalidad”, los ejercicios electorales han dejado de ser libres y están tachados por la sociedad de irregulares, el Gobierno se fiscaliza a sí mismo desde la Contraloría; las Resoluciones y Decretos Supremos que emite el órgano Ejecutivo para contrataciones directas, son ahora la regla y no la excepción. Hace más de 2300 años, el sabio Aristóteles sentenció: “el poder corrompe” , y partiendo de este juicio, decimos: “cuanto más poder, más corrupción”.