Consejo evaluará proyecto de Ley Electoral Transitorio
Hoy se cumple una nueva reunión del Consejo Nacional Autonómico que tiene la tarea de definir el camino “ideal” de la descentralización del poder en Bolivia.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que en esta nueva reunión se evaluará la nueva norma electoral.
A juicio del Movimiento Al Socialismo (MAS), este proyecto de Ley Transitorio garantizará el desarrollo de las elecciones generales del 6 de diciembre próximo.
CONCERTACIÓN
El Consejo Nacional Autonómico anunció que está aguardando el informe final del Senado respecto al proyecto de Ley de Régimen Electoral para asumir decisiones.
Romero consideró que lo más probable es llegar a una concertación con los partidos políticos con representación parlamentaria en la Comisión Mixta de Constitución del Congreso.
ABRIL, MES CLAVE
Romero le dijo a la Red Erbol que “la primera semana de abril es un mes clave”, porque el Senado presentará su informe final al Congreso sobre la Ley Electoral,
“Me imagino que las dos últimas semanas de abril se va desarrollar un proceso de concertación y si hay eso la primera semana de mayo se podrá aprobar la Ley electoral”, explicó.
El Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq) no asistirá al diálogo por las autonomías porque consideran que los 14 escaños que da representación a los pueblos indígenas originario-campesinos, establecidos en el proyecto de Ley del Régimen Electoral no son suficientes.
SIN LA “MEDIA LUNA”
Una vez más, Romero informó que los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija no asistirán al diálogo porque no “dieron señales favorables de concertación”.
La tensión que existe entre ambos actores políticos se ha prolongado desde febrero pasado, oportunidad en que se creó el Consejo Autonómico, a la cabeza del Gobierno e invitó a los opositores.
Éstos, agrupados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde) han puesto sobre la mesa del debate ciertas condiciones que para el Gobierno “no son atendibles”.
Por ejemplo, demandan la liberación de los “presos políticos” de Pando; exigen que el Ejecutivo les devuelva los recursos del Impuesto Directo por los Hidrocarburos (IDH), pues lo acusan de haber confiscado a los departamentos, en detrimento de las regiones.