El Presidente debe vetar acuerdo entreguista del Silala
Luis Antezana Ergueta
De acuerdo con sus atribuciones constitucionales, el presidente Evo Morales Aima debe vetar a la brevedad posible la negociación sobre las aguas del Silala, gestión que están realizando en forma conjunta el canciller David Choquehuanca y la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado Nacional encabezada por el senador Tito Hoz de Vila, dentro de la agenda fatídica de los 13 puntos. Según información del Canciller, el acuerdo ya fue aprobado y por el cual Bolivia condona a Chile alrededor de cinco mil millones de dólares por el uso de las aguas del Silala durante cien años y también acepta nuevas condiciones para que el país vecino siga gozando de ese recurso natural poco menos que en forma gratuita por otros cien años.
La condonación fue anunciada por el senador Hoz de Vila, quien sostuvo en la prensa que se está “dejando de lado cualquier acción retroactiva”, declaración que ha sido avalada por la alta burocracia diplomática de la Cancillería que, pese a las diversas denuncias, no ha hecho conocer ningún pronunciamiento al respecto, confirmando así, con su silencio, la comisión de un acto irregular.
De acuerdo con la Constitución vigente es atribución del Presidente del Estado (ya no lo es de la Nación) “Dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales, etc.” (Art. 132). En ese sentido, es su obligación inmediata -ante la magnitud del problema- vetar sin tardanza cualquier acuerdo con Chile que trate sobre las aguas del Silala, mucho más cuando se trata de un acuerdo entreguista a todas luces y que atenta contra los recursos naturales de propiedad del pueblo boliviano. Es más, ese “acuerdo”, aparte de no ser retroactivo, conduce a Bolivia a perder grandes riquezas hídricas, tal vez por otro siglo más, prolongando así la colonización de nuestro país, pese a las ampulosas declaraciones oficiales de anticolonialismo y garantizando, al mismo tiempo, al país vecino a seguir aprovechando gratuitamente diversas materias primas, como es el caso del agua.
Aparentemente, la política actual del Gobierno es “defender los recursos naturales”, como es el agua. Es más, se dice que es el objetivo fundamental gubernamental. Sin embargo, esa política no se está cumpliendo en los hechos y parece que hubiese sido convertida en sólo palabras, como confiesa la Cancillería al anunciar oficialmente por voz del ministro Choquehuanca que se acordó con Chile el leonino acuerdo entreguista sobre condonación de una gigantesca deuda y fijación de precios irreales por el agua boliviana que nutre las poblaciones y las industrias del norte chileno.
De otro lado, en primer lugar no es posible que de buenas a primeras, Bolivia condone a Chile alrededor de cinco mil millones de dólares y enseguida le siga obsequiando más agua y precisamente cuando ese recurso natural ha adquirido el nivel estratégico que se acrecentará aún más en un próximo futuro. Enseguida, la negociación de la agenda fatídica se está realizando entre gallos y media noche en especial en lo que se refiere al Silala. Esa negociación, de por sí sospechosa, ha determinado en forma natural que se la considere como “gato encerrado”, mucho más por los alcances que tiene, ya que el perdón de cientos de millones de dólares y la venta de más agua a precio de regalo, no sería tan transparente que se diga.
La negociación del Silala, así como de los otros puntos de la agenda fatídica, debe ser totalmente conocida por el pueblo boliviano que es el dueño de todos sus recursos naturales y el Estado es mero administrador de ellos, como es el caso de las aguas de ese riquísimo manantial. De otro lado, el Gobierno debe revisar su actual política “de la diplomacia de los pueblos” que tergiversa y niega la historia y cree que las piedras tienen sexo, política basada, además, en premisas falsas al extremo que, en relación con el Litoral, sostiene que los bolivianos “guardan la esperanza de volver otra vez (¡!) a tus costas y liberarte de esos grilletes ficticios (¡!) que antaño te pusieron los invasores”, lo que significaría que la invasión y la usurpación de nuestro Litoral por Chile no fue un hecho real, sino un acto ficticio, un sueño, una ilusión, como sostiene el mensaje al Litoral Cautivo del presidente Morales, del 23 de marzo pasado, publicado a toda página en la prensa local.
