Autos usados afectados por norma

Ausencia de legislación para rematar vehículos confiscados

Vehículos en zona franca

• El portal de la Aduana Nacional refleja que de 6.000 trámites recepcionados, 1.689 fueron aceptados y autorizados, 2.876 rechazados y 1.236 tienen información insuficiente.

El país no cuenta con una legislación para rematar vehículos confiscados en el marco del Decreto Supremo 29836.

La norma prohibe el ingreso de vehículos usados con antigüedad mayor a cinco años, cuyo hecho ha provocado la protesta de los importadores, que anuncian una serie de movilizaciones para hacer cumplir el falo judicial.

Hace más de un mes el sector presentó un recurso contra el decreto que prohibe el ingreso de autos al país, cuyo resultado salió a favor de los importadores.

Entretanto, el gobierno asegura que lo cumple, pero no da un paso atrás y asegura que la norma sigue vigente.

AUSENCIA

Al respecto, la gerente General interina de la Aduana Nacional, Jacqueline Villegas de Montes, dijo que no existe una legislación que permita el remate de cerca de 2.000 vehículos que se encuentran varados en recintos aduaneros por la política de restricción.

A tiempo de presentar el proyecto: registro y empadronamiento de importadores, la autoridad, reconoció que no existen normas, decretos supremos, que respalden el remate de motorizados que se encuentran incautados tras la promulgación del Decreto Supremo 29836.

Aclaró que los vehículos que no están debidamente nacionalizados, “ no pueden rematarse, por que es mercancía prohibida”.

“En este caso, la Aduana esta buscando otras alternativas de solución, mediante leyes u otra legislación, tema que tiene que analizarse”, dijo.

Reuniones

Por su parte, la Gerenta interina informó que su despacho sostuvo varias reuniones con los propietarios de los importadores y los usuarios de zonas francas, donde se les dio información sobre el estado de sus trámites, de los cuales muchos han sido aceptados, rechazados y otros que requieren presentar documentación respaldatoria para hacer una nueva revisión de los casos presentados.

Manifestó que frente a la problemática de restricción a la importación de vehículos con antigüedad mayor a cinco años, y una vez que los propietarios plantearon a la justicia una Recurso de Hábeas Corpus en contra de la misma, la Aduana Nacional está supeditada a las decisiones que tome el Ministerio de Hacienda, entidad que deberá definir una posición al respecto.

Luis Arce Catacora es sujeto de un recurso penal por parte de los propietarios de vehículos.

Agregó que lo que se hace al momento es procesar los trámites que han presentando, dando cumplimiento al decreto supremo, en la que existe una disposición transitoria que establece los mecanismos de control, por lo que se evalúa aquellos trámites paralizados de aquellos vehículos que se encuentran en las aduanas de fronteras para que pueda o no ingresar a territorio nacional.

Trámites

El portal de la Aduana Nacional refleja que de 6.000 trámites recepcionados, 1.689 fueron aceptados y autorizados, 2.876 trámites han sido rechazados y 1.236 presentaron documentos con información insuficiente.

La Aduana Nacional da curso a los vehículos que cumplen con el Decreto Supremo 29836, dijo.

Propietarios

Los propietarios de vehículos usados que se encuentran incautados en recintos aduaneros, se mantienen en estado de emergencia en protesta contra el Ministerio de Hacienda, que no autoriza el ingreso de más de 2.000 vehículos adquiridos antes de la promulgación del decreto supremo, señalaron.

Los mismos denunciaron que sus vehículos varados en las zonas francas están siendo paulatinamente desmantelados por funcionarios de los propios recintos aduaneros, como sucede en Cochabamba.

En esa región se registraron fuertes medidas de presión en contra de la restricción, traducidos en bloqueos esporádicos de caminos.

Desde la semana pasada representantes de propietarios de vehículos, que reclaman la devolución de sus capitales invertidos en la compra de motorizados, iniciaron reuniones con autoridades del Viceministerio de Política Tributaria.

La entidad estatal anunció que hay una voluntad política del gobierno para hallar una salida al tema.