Pasan por alto la Ley Safco
Decretos de Evo Morales viabilizan la corrupción
Dólares estadounidenses. Los decretos del Presidente autorizan discrecionalidad de recursos del estado. |
• Las normas creadas favorecen la compra directa sin pasar por licitaciones e instaurar fideicomisos, que permiten administrar recursos públicos sin control.
El presidente Evo Morales ha promulgado una decena de decretos que viabilizan la corrupción al interior de las instituciones públicas y las empresas del Estado, y además violan la Ley Safco, cuyo único fin es entregar dinero sin control.
La reflexión la hizo Óscar Ortiz, presidente del Senado Nacional, en conferencia de prensa, quien agregó que los decretos supremos, que han establecido normas de excepción, han generado condiciones muy favorables a la corrupción y que implican una responsabilidad directa de quienes han firmado estos decretos.
El Presidente de la República y los ministros han violado la ley Safco y han entregado cientos de millones de bolivianos a funcionarios de las empresas públicas, que han creado más de 15 empresas públicas en esta gestión sin que estén sujetos a control.
El Senador señala que se han creado decretos que permiten normas especiales y excepcionales que favorecen la compra directa sin pasar por licitaciones; también hay normas para la fundación de “empresas estratégicas” a las cuales se les faculta, la compra directa; a esto se suma los que instauraron los fideicomisos, que permiten administrar recursos públicos que no están incluidos en el Presupuesto General de la Nación ni en el Sistema Integrado de Gestión (SIGMA) en el cual están todos los otros públicos, y por lo tanto no están sujetos a la supervisión de la Contraloría o al propio Ministerio de Hacienda.
“Esto ha sido posible porque en todos los años de este gobierno los Presupuestos Generales de la Nación han sido aprobados por decretos. También hay normas para el desmantelamiento de las instituciones del Estado mediante el nombramiento de interinos”.
Ortiz denuncia la gran violación que ha cometido este gobierno a través de la emisión de decretos firmados por el presidente Evo Morales y sus ministros, quienes no tomaron en cuenta que en Bolivia hay una ley Safco orientada a la correcta administración de los recursos públicos.
Esa norma establece en su artículo 3, que sus normas se va a aplicar taxativamente, y que los sistemas de administración y control se aplicarán a todas las entidades del sector público sin excepción.
“Sin embargo, durante este gobierno se han sacado decretos tras decreto, haciendo excepciones a la Ley Safco para que las empresas públicas consideradas estratégicas puedan realizar compras directas, un ejemplo de ello es el Decreto 29287 que específicamente autoriza a las empresas públicas nacionales estratégicas la construcción de infraestructura productiva para su proceso de producción en la modalidad de contratación directa”.
Posteriormente, el gobierno emite el decreto 29506, que es la norma que le faculta a YPFB para realizar contrataciones directas de obras, bienes, servicios generales, de consultoría, es decir todo, así como establecer las condiciones que regulan el proceso de contratación de bienes y servicios.
Entre tanto el decreto 29576 autoriza a todas las empresas consideradas públicas, sin excepción, que son 15, la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y de consultoría, la importación de bienes para su acopio y comercialización en el mercado interno y la contratación directa de maquinaria y equipo reacondicionado.
“Nunca el Estado había comprado bienes usados. Incluso una de las cosas que hay que verificar es que la planta que se había comprado a través del contrato de Catler-Uniservice en realidad es una planta que está reacondicionada, no es una planta nueva y es en función de este tipo de decretos que se ha permitido hacer eso: la ejecución directa de obras de infraestructura productiva”.
Para el legislador, ese decreto que beneficia a YPFB es un cheque en blanco, que da curso a la corrupción, y que es firmado por el Presidente Evo Morales y su gabinete de ministros.
Otros decretos de excepción, por ejemplo, el decreto 29054-A que autorizaba al Ministro de Defensa a comprar dos helicópteros sin especificar como se iban a adquirir; el decreto reciente, el 29852 que autorizó la compra directa de seis aviones por 57 millones de dólares directamente sin licitación, sin evaluación, sin hacer ningún tipo de estudio; el 29367 que autoriza a TVB directamente la compra de equipos y vehículos.
En el campo de los fideicomisos se debe aclarar que buena parte de las explicaciones que da el Ministro de Hacienda, ahora de Economía y Finanzas Públicas, y otras autoridades de gobierno no corresponden a la verdad. Los fideicomisos no pasan por el SIGMA bajo el cual deben pasar.