La decisión del Gobierno

Empresarios califican de político y electoral el incremento salarial

Trabajadores e una empresa textil. los empleados esperan que la situación mundial cambie.

• Los empresarios privados erogan más recursos para salarios que el sector público, por lo que el aumento significará un monto considerable, señalan.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó de político y electoral el Decreto Supremo emitido por el Gobierno Central, que establece el incremento salarial del 12 y 14 por ciento para la gestión 2009. Advierten –además- un inminente despido de cientos de trabajadores.

“Nosotros como empresarios privados de Bolivia apoyamos un incremento, pero no en la forma propuesta. La gestión 2008 ha sido una gestión con inflación y consideramos que corresponde un incremento salarial para compensar el efecto de la subida de precios”, dijo el presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub, a tiempo de asegurar que pese a ello asumirán dicha responsabilidad aún cuando el control de la inflación debería estar en manos del Gobierno.

El sector privado de Bolivia está de acuerdo con el incremento anual del salario de los trabajadores. Sin embargo, destacó que no todas las empresas están en las condiciones de otorgar el incremento del 12 por ciento.

“Tenemos la esperanza de que muchos puedan incrementar, pero otras no podrán cumplir porque ello afectará la viabilidad de la empresa”, dijo.

Dabdoub aseguró que para el Estado el límite para el incremento salarial está determinado por los ingresos fiscales y la capacidad del Tesoro General de la Nación (TGN), en tanto que para el sector privado está limitado por los ingresos por ventas, razón por la que proponen establecer parámetros de diálogo y concertación con los trabajadores respecto al incremento.

“El Estado impone de manera unilateral cuánto puede incrementar a sus trabajadores, pero los empresarios proponemos establecer mediante el diálogo y la negociación con los trabajadores cuánto podrá incrementar cada empresa”, manifestó la autoridad, en rueda de prensa.

La Ley de Inversiones establece claramente que la forma de definir los incrementos salariales será mediante una negociación bilateral entre empleadores y trabajadores. Por tanto, los empresarios creen, que la decisión del Gobierno estaría vulnerando el alcance de la mencionada ley.

“Los trabajadores y empleadores son los que conocen al detalle la situación de cada empresa, por eso se propone que entre ambos negocien libremente el incremento salarial, ya que se debe tomar en cuenta la situación de crisis que se está viviendo, la caída de los precios en las ventas y en los casos que se han perdido mercados”, reiteró la autoridad.

Desempleo

El principal representante de los empresarios de Bolivia dijo que algunas empresas estarían en posibilidades y aumentarán el 12 por ciento, sin presiones, pero la imposición gubernamental generará desempleo e informalidad.

“Con estas medidas aunque el empresario no quiera habrá despidos, por eso es que hoy debemos preocuparnos en sostener el empleo y tener políticas para aquella gente que retorna de otros países. Con estos decretos el más afectado será el pequeño empresario porque le genera incertidumbre sobre la masa laboral”, alegó.

Para Dabdoub el sector empresarial no tiene dónde acudir, ya que en años anteriores se interpusieron amparos que hasta el día de hoy no han sido resueltos, quizá tengan resultados cuando retorne la democracia al país.

“La verdadera prioridad del Gobierno es que en materia laboral es la de preservar el empleo, para ello es necesario un plan económico anticrisis y la posibilidad de seguir demandando mano de obra”, precisó.

Privados pagan más

De acuerdo a un cuadro elaborado por la CEPB el sector privado paga 126 millones de dólares en materia de salario, en tanto que el sector público paga 57 millones de dólares por mes. Con ello se demuestra que el mayor empleador es el sector privado.

El incremento del 12 por ciento anual al sector privado le significaría 197 millones de dólares, en comparación con el sector público que sería de 89 millones de dólares por año.