Rechazan reunión para tratar tema de ropa usada

La ropa usada ingresa al país vía contrabando y se vende en los mercados.

Ante el anuncio de una reunión entre productores, gobierno y comercializadores de ropa usada para tratar el tema, algunos microempresarios informaron que no asistirán a la cita porque consideran que el gobierno debe hacer cumplir lo dispuesto en los decretos.

Las normas prohiben el ingreso y comercialización de ropa usada a territorio nacional porque afecta a la industria boliviana y provoca el cierre de empresas y desempleo.

La semana pasada Ramiro Lizondo Orias, viceministro de Microempresa y Economía Rural, informó trabajadores, importadores de ropa usada, microempresarios, pequeños industriales y autoridades de gobierno se reunirían en estos días para hallar una solución estructural a la problemática que se arrastra desde hace décadas atrás, pese a la vigencia de decretos supremos para su restricción.

Además reconoció que no existe una legislación, normativa, reglamentación para regular la importación y comercialización de ropa usada, lo que provoca que miles de personas se dediquen a esta actividad.

Por su parte, micromepresarios de El Alto creen que el gobierno ampliará la venta de prendas de segunda mano, que se vence en marzo de la presente gestión, luego de que fue prorrogado por un año más.

Porfirio Quispe, presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), Porfirio Quispe, rechazó la convocatoria debido a que el tema está cerrado.

“El sector no asistirá a esta reunión que convoca el gobierno, porque asistir sería ser cómplice de tratar un tema que está cerrado inclusive va en contra de la nueva Constitución Política del Estado, el tema ya ha sido tratado”, dijo al criticar que la prendería vieja continúe ingresando al país.

Manifestó que las estrategias del “reestructurado” Ministerio de Producción no presentan nada nuevo en el tema de la ropa usada y recordó que varios ministros y viceministros ya desarrollaron, cada quién en su gestión estrategias de las cuales, sin embargo, ninguna funcionó.

“Las prohibiciones que determina el decreto se tienen que cumplir, son cuatro decretos y más de 38 meses de ampliación, eso quiere decir que toda la ropa que existe en el mercado es de contrabando”, explicó el representante de los productores a ANF.