Potestad constitucional

Jueces indígenas como remedio contra impunidad en Colombia

La Constitución les da a las comunidades indígenas la potestad de aplicar su propia justicia.

• Expertos en derechos humanos le dicen a BBC Mundo que esos castigos pueden llegar a ser “crueles, inhumanos y degradantes”.

Colombia, (BBC Mundo).- La forma cómo los indígenas aplican justicia parece haberse convertido en un remedio contra la impunidad, al menos en algunas zonas de Colombia, un país donde muchos se quejan de la ineficiencia y lentitud de fiscales y jueces.

Desde 1991 la Constitución de Colombia les da a los 102 pueblos indígenas reconocidos en este país la potestad de acudir a su propia justicia, cuando lo consideren necesario.

Resultados

Nelson Martínez preside el primer Tribunal Superior Indígena de Colombia, establecido hace ocho años en el departamento del Tolima, al Sur de Bogotá, y está orgulloso de los resultados. “Hay casos que demoran tres días en resolverse. Otros, que en la justicia ordinaria han tardado diez años, los hemos tramitado en tres meses”, le relata a BBC Mundo este hombre de 50 años de edad.

A la jurisdicción indígena llegan delitos como lesiones personales, homicidio, hurto, abusos sexuales, inasistencia alimentaria y litigios por tierras en los que están comprometidos miembros de las comunidades. Muchas veces los jueces de las comunidades les piden a la Fiscalía General y a las autoridades forenses que practiquen pruebas técnicas, pero es la jurisdicción indígena la que decide las responsabilidades e impone las penas.

Martínez, quien no recibe pago por su trabajo como juez, relata que ellos acuden “hasta el chamanismo para saber quién está diciendo la verdad”.

Eficiencia contra la impunidad

La eficiencia de los indígenas para resolver delitos suena bien en Colombia, donde los índices de impunidad son superiores al 90 por ciento y no faltan quienes se toman la justicia por sus propias manos.

Sin embargo, la jurisdicción indígena es criticada por algunos abogados por el tipo de sanciones que aplican a los delincuentes, como los azotes, el cepo o el destierro.

Expertos en derechos humanos, como el abogado Mario Madrid-Malo, le dicen a BBC Mundo que esos castigos pueden llegar a ser “crueles, inhumanos y degradantes”.

Sin rencores

Pero Nelson Martínez los defiende. “Lo que el blanco llama cruel e inhumano para nosotros no lo es. Los (indígenas) paeces (del Sur del país) practican el látigo, como reflexión, y el cepo, como abrazo del rayo y del trueno”, dice.

Según Martínez, quien no es abogado y ejerció como inspector de policía, entre los indígenas pijaos del Tolima cuando alguien es sancionado con una vara eso significa que el responsable se pretende “enderezar”.

“Si una persona es sancionada físicamente, los chamanes les hacen baños (de hierbas) y salen sin rencores ni remordimientos”, explica.

Límites a los castigos

La Corte Constitucional de Colombia sentenció que los indígenas en ningún momento pueden violar los derechos a la vida, a la integridad del cuerpo, a no ser esclavizado y al debido proceso.

Eso explica que algunas prácticas hayan desaparecido o estén siendo combatidas, como el asesinato de brujos y de niños desmovilizados de grupos armados ilegales, el corte de clítoris, o el abandono de gemelos.

Esther Sánchez, una antropóloga y doctora en derecho que dirige el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Central de Bogotá, subraya que la experiencia de la jurisdicción indígena en Colombia “es edificante”. Ella señala que la justicia indígena es apenas una parte del derecho indígena, que se sustenta en la organización de la vida social y en la forma como se liquidan los conflictos.

Pero Nelson Martínez admite que en ocasiones hay problemas con fallos, porque los acusados eran parientes de los jueces o de los caciques o mamos de las comunidades. Eso motivó por ejemplo el nacimiento de tribunales de segunda instancia en Tolima como respuesta a la queja de violaciones al debido proceso por parte de los jueces indígenas de primera instancia.