Superintendente de Empresas

Santos Ramírez hizo un contrato a su medida con Catler Uniservice

Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La estatal petrolera tardará en recuperarse del escándalo y por consiguiente la nacionalización y la industrialización también estarán rezagadas.

• Califican al decreto que autoriza a YPFB -realizar- contratación directa, de “ilegal y anticonstitucional”.

El superintendente de Empresas, Rolando Morales, dijo que el ex titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, hizo un contrato con Catler Uniservice, a su medida.

Por lo tanto violó normas de la Ley Safco, y se amparo en el Decreto Supremo 29.506 de contratación directa promulgado por el presidente de la República, Evo Morales Aima.

En criterio del constitucionalista tarijeño, Sergio Reyes Canedo, la norma es ilegal y anticonstitucional porque autoriza a la petrolera estatal realizar contratación directa de obras, bienes y servicios de consultoría, sin necesidad de convocar a una licitación pública como establecen la Ley Safco y la Ley de Contratación de Obras Bienes y Servicios para la administración pública.

Amparado en el Decreto Supremo de contratación directa, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, suscribió un contrato a su medida, y unilateral, con la empresa Catler Uniservice, para la instalación de una Planta Separadora de Líquidos en Río Grande, Santa Cruz, por un valor de 86.3 millones de dólares, criticó el Superintendente de Empresas.

Señaló que ninguna autoridad puede suscribir contratos estatales a nivel personal, “acumulando poder en una sola persona, lo que va contra las reglas”.

La presidencia de Yacimientos tuvo falencias y debilidades a la hora de suscribir el contrato, ya que supo muy poco sobre la veracidad y solvencia de la empresa Catler Internacional Corporation SA, cuando su subsidiaria en Bolivia Uniservice SRL, es una empresa pequeña, con poca maquinaria y con sólo un capital de 800 mil bolivianos, que tuvo significativas pérdidas.

Asimismo, se desconoce la constitución de la empresa Catler Internacional Corporation y dónde se encuentra su casa matriz, ya que la existencia de sus oficinas corresponde a sólo oficinas de abogados, en Bolivia, Panamá, Argentina, Río de Janeiro, Brasil, y Republica Dominicana.

Asimismo, la Asociación Accidental Catler Uniservice, se formó después del vencimiento del plazo original de presentación de propuestas, 20 de junio del 2008.

De igual manera, la adjudicación y suscripción del contrato se dio el mismo día, el 14 de julio del 2008, la que no fue protocolizada ante la Notaría de Gobierno ni fue remitido a la Contraloría General de la República.

“La presidencia de YPFB no exigió a la empresa Catler -Uniservice la entrega de boletas de garantías, pólizas de seguro ni cumplió con requerimientos básicos de calificación del contratante, pero ellos dijeron que es una empresa grande”, dijo Morales.

DESEMBOLSO

Por otra parte, YPFB realizó el desembolso y anticipo de seis millones de dólares a Catler Uniservice, sin verificar el avance de la obra para la construcción de la Planta. “Caso curioso, por que ni siquiera se llegó a designar a un supervisor para fiscalizar la obra”, observó.

Otro aspecto, es que la cuarta Adenda del Contrato, señale que en tanto no se realice la contratación del Supervisor de Obra, el contratante podrá autorizar los pagos que requiera el contratista, cosa insólita, apuntó Morales.

Más adelante, el Superintendente de Empresas criticó a la Superintendencia de Hidrocarburos, Contraloría General de la República, por no tomar conocimiento del contrato, ya que era la responsabilidad de ambas entidades fiscalizadoras.

También al directorio de YPFB, por no haber fiscalizado la labor del ex Presidente de YPFB, por lo que ahora pide la renuncia del directorio pleno, que desconoce y no se pronunció sobre el contrato de adjudicación.

En declaraciones anteriores algunos miembros del directorio indicaron que sí tenían conocimiento del proyecto, pero que en ningún momento se autorizó la suscripción del contrato.

Se informó que Ramírez no convocaba a los miembros del directorio para evitar ser fiscalizado, ya que se amparaba en los decretos promulgados por Evo Morales.

Finalmente, a fin de evitar anomalías en la suscripción de contratos entre el Estado y empresas privadas, la autoridad recomendó ampliar el sistema de regulación a las empresas públicas.