Bolivia, 31 de enero de 2009
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Agencias de
EL DIARIO

 


Titular de la petrolera estatal rechaza denuncias de corrupción en su contra

El titular de la entidad petrolera estatal, Santos Ramírez, asevera que no tiene vinculación con los autores del delito cometido el pasado martes.

El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, en rueda de prensa, declaró no estar implicado en el caso de presunta corrupción surgido tras el asesinato del propietario de la empresa Catler Service S.R.L.

La autoridad estatal dijo, además, que tampoco tiene parentesco con los principales involucrados en el hecho criminal.

“Para ser pariente de Santos Ramírez (Fernando y Ernesto Córdova), deben hablar quechua y no matar. Quiero desmentir de manera categórica (una relación) y no sé cuál es el afán para decir que son familiares”, agregó.

El titular de YPFB manifestó que si bien se casó con la hermana de Gonzalo Aramayo eso no lo vincula con sus parientes.

“Si los hermanos de mi esposa están siendo investigados. Si tienen algún proceso, eso es responsabilidad personal y no tengo por qué asumir la responsabilidades de otras personas, peor si no son mis parientes”, añadió.

Por otra parte, Ramírez solicitó que la recién creada comisión multipartidaria investigue el caso ‘sin politizarlo’, para evitar calumnias y distorsiones de alguna índole.

El representante estatal mencionó que resolvió hablar sobre el asunto porque YPFB debe efectuar un trabajo para optimizar su eficiencia.

Por otra parte, en el caso del contrato presuntamente ilegal con la empresa Catler Service SRL de propiedad de Jorge O’Connor dijo que no hubo irregularidades.

“La empresa YPFB, por una decisión de la presidencia y del directorio, definió instalar una planta de separación de GLP y gasolina, en Río Grande, para resolver la demanda de ambos combustibles en el mercado interno”, agregó.

De acuerdo con Ramírez, se hizo la licitación internacional del caso y se tuvo el interés de más de siete empresas.

Manifestó que el contrato fue realizado con la empresa accidental Catler Uniservice y no con una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), en el marco de del Código de Comercio, Artículo 366.

“YPFB no firma con ninguna SRL, sino con una accidental y aquí aparecen otros representantes de esta empresa de responsabilidad limitada, José Alejandro Salinas y Patricio Tomas, y YPFB no tiene ninguna relación ni contrato con esa compañía”, reiteró.

Explicó que “una vez que se suscribe contratos la entidad petrolera no puede autorizar desembolsos si faltan garantías”.

Mencionó que el dinero a pagar no sale de las cuentas de la institución, por lo que para el proyecto petrolero del caso se conformó un fideicomiso de 45 millones de dólares en el Banco Unión.

 



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